Golpe judicial a los rebeldes del PSOE de Compostela

El Juzgado de Primera Instancia número 3 de Santiago de Compostela ha dado una nueva vuelta de tuerca en la situación que atraviesa el PSOE en la capital de Galicia y ha rechazado la petición de medidas cautelares formulada por los cuatro concejales expulsados del PSOE -Mila Castro, Mercedes Rosón, Gonzalo Muíños y Marta Álvarez- con las que pretendían frenar su salida del grupo municipal socialista.

La magistrada descarta que se hayan lesionado sus derechos fundamentales y considera que su paso a la condición de no adscritos no afecta al núcleo de su función representativa.

La resolución, conocida este lunes, supone un importante respaldo judicial a la actuación del Partido Socialista, que llevó a cabo un proceso disciplinario contra los cuatro ediles tras meses de tensiones internas.

La expulsión fue ejecutada por la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE y ratificada por su Comisión de Ética y Garantías, y ya había sido asumida oficialmente por el Concello de Santiago en un pleno celebrado la semana pasada.

En su auto, la jueza explica que los concejales pueden haber perdido ciertas atribuciones vinculadas al grupo municipal, como la participación en comisiones, órganos colegiados o consejos de administración, pero conservan todos los derechos que conforman el núcleo de su mandato representativo. Es decir, siguen siendo concejales de pleno derecho, con capacidad para asistir a los plenos, intervenir en los debates, votar, presentar mociones y ejercer control político.

Esta distinción entre el estatus de grupo y la función representativa ha sido clave para que el juzgado descarte la existencia de una lesión de derechos recogidos en el artículo 23 de la Constitución Española, que garantiza la participación política y el ejercicio de los cargos públicos electos. Al no percibirse la “apariencia de buen derecho” ni un riesgo de daño irreparable, la jueza concluye que no procede adoptar medida cautelar alguna.

Procedimiento principal activo

El fallo también impone las costas del procedimiento a los concejales solicitantes y recuerda que la resolución no es firme, por lo que cabe presentar recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de A Coruña.

Desde el PSOE compostelano no han tardado en reaccionar. La dirección local del partido ha subrayado que la decisión judicial "confirma que se actuó correctamente y con rigor" en el proceso disciplinario. “Primero fue el secretario municipal quien validó los pasos dados y ahora es la propia Justicia quien avala que lo argumentado por los ediles no era más que una fábula”, han asegurado desde la agrupación socialista.

El conflicto ha dejado al PSOE fuera del juego institucional en Santiago, una ciudad donde llegó a gobernar y que ahora queda bajo el liderazgo del BNG, que mantiene el bastón de mando en minoría.

La expulsión de los cuatro concejales críticos, tras su desobediencia interna en cuestiones clave como la votación del presupuesto, ha reconfigurado por completo el mapa político del consistorio, debilitando a los socialistas en uno de sus antiguos bastiones.

Mientras tanto, el procedimiento principal en el que los concejales solicitan la nulidad definitiva de las sanciones sigue en marcha, pero este primer pronunciamiento judicial supone un revés importante para sus aspiraciones.

La Justicia, por el momento, avala que el castigo impuesto por el partido no les impide seguir cumpliendo con su labor como representantes públicos. Eso sí, lo harán desde los márgenes del tablero político municipal: sin grupo, sin partido y con una representación mermada.