El Senado respalda la creación de cinco juzgados exclusivos de violencia de género en Galicia

La Comisión de Justicia del Senado dio hoy su respaldo a la reclamación impulsada por los representantes gallegos del Partido Popular para la creación de cinco nuevos juzgados exclusivos de violencia de género en Galicia.

La moción, defendida por la senadora y portavoz de Justicia del Grupo Popular, Pepa Pardo, exige al Gobierno de España que active de inmediato estos órganos judiciales en Santiago de Compostela, Ferrol, Ourense, Pontevedra y Lugo, una demanda que cuenta con el aval tanto de la Xunta de Galicia como del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

Pese a ese consenso institucional en la comunidad gallega, la propuesta salió adelante en la Cámara Alta sin el respaldo del PSOE ni del Grupo Plural, al que pertenece el BNG.

En su intervención, Pardo subrayó la urgencia de dotar de más medios al sistema judicial para poder hacer frente a la violencia de género con garantías: “Para prevenir y combatir la violencia de género es necesario contar con todos los medios posibles, tanto humanos como materiales. Y eso es lo que demandamos con esta moción, que busca precisamente poner a disposición de las víctimas más medios judiciales”.

La senadora popular criticó además la falta de cumplimiento de los acuerdos de investidura firmados por el PSOE y el BNG, en los que ya se recogía expresamente la puesta en marcha de estos cinco juzgados en el año 2024. “Estamos ya en 2025 y seguimos sin contar con ellos”, denunció.

Pardo cuestionó también el reciente anuncio del Ministerio de Justicia sobre nuevas unidades judiciales centradas en violencia de género, al advertir que algunas de las medidas suponen en realidad un simple rediseño de recursos ya existentes.

En concreto, denunció que las unidades de refuerzo previstas en A Coruña y Vigo se crearán a costa de transformar juzgados de instrucción ya operativos, mientras que las de Ourense y Santiago funcionarán como servicios comarcales, sin exclusividad ni dedicación individualizada.

“Están desvistiendo a un santo para vestir a otro”, sentenció la senadora, quien alertó del riesgo de colapso en la administración de justicia gallega. Según indicó, el propio Consejo General del Poder Judicial ha advertido de la sobrecarga que implicará la aplicación de la Ley de Eficiencia Organizativa del Gobierno –aprobada con el apoyo del BNG–, que incrementará las competencias de los juzgados existentes sin ampliar su estructura ni recursos.