Accidente de Angrois

Las víctimas del Alvia impugnan los recursos de apelación contra la sentencia del accidente ferroviario de 2013

Denuncian que estas acciones buscan dilatar el proceso y critican la actitud del Gobierno central

Familiares y amigos de las víctimas del accidente del tren Alvia, en un homenaje en su memoria en la curva de Angrois, lugar del accidente / Foto: Efe
Familiares y amigos de las víctimas del accidente del tren Alvia, en un homenaje en su memoria en la curva de Angrois, lugar del accidente / Foto: Efelarazon

La plataforma de víctimas del Alvia confirmó ayer martes su decisión de impugnar los recursos de apelación presentados contra la sentencia por el trágico accidente de tren ocurrido en 2013 en el barrio compostelano de Angrois, que causó 79 muertes. Las víctimas consideran que la Abogacía del Estado y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) pretenden con sus recursos "pedir un segundo juicio", dilatando y entorpeciendo la consecución de justicia.

Según denunciaron en un comunicado, “después de diez años al fin hubo una sentencia que dinamitó la verdad oficial”, refiriéndose a la condena impuesta tanto al maquinista Francisco José Garzón como al entonces director de Seguridad en la Circulación de Adif, Andrés Cortabitarte. El fallo judicial, que las víctimas consideraban justo, les había proporcionado “una reparación parcial”.

No obstante, lamentan que con los recursos interpuestos se intenta “deshacer esa reparación”. "Lo que se pretende es seguir retrasando y obstaculizando que se haga justicia", reprochan.

Críticas al Gobierno

La plataforma también cargó contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, por negarse a recibir a las víctimas y a llevar a cabo una investigación independiente sobre las causas del accidente. Asimismo, cuestionaron la actitud del ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, por permitir que la Abogacía del Estado continúe, según afirman, generándoles “más dolor y sufrimiento”.

La sentencia y los recursos

El pasado año, once años después del descarrilamiento, la jueza María Elena Fernández Currás del Juzgado de lo Penal número 2 de Santiago de Compostela dictó una sentencia que condenó al maquinista Francisco José Garzón y al director de Seguridad en la Circulación del ADIF en el momento de la puesta en funcionamiento de la línea Santiago-Ourense, Andrés Cortabitarte.

Ambos fueron condenados a dos años y medio de prisión por la comisión de 79 delitos de homicidio y 143 de lesiones por imprudencia grave. Además, se les inhabilitó para el ejercicio de sus profesiones durante cuatro años y medio.

A principios de diciembre de 2024, la magistrada admitió a trámite 60 recursos interpuestos contra la sentencia, generando una situación de incertidumbre que las víctimas consideran un retroceso en el camino hacia la justicia.