El PP denuncia que la Junta de Castilla-La Mancha acumula 7000 millones en deudas

 El dirigente popular, sin embargo, apuntó que este mes sí cobrarán las nóminas los funcionarios pero que no hay dinero para los meses siguientes. Eso sí, quiso lanzar un mensaje de tranquilidad porque el PP, añadió, buscará los mecanismos para pagarlos a partir de entonces, y citó por ejemplo, la privatización de la televisión pública.

Tirado explicó que por los primeros datos que van conociendo, aunque el hermetismo del gobierno en funciones es total y no les ofrece ninguna documentación de la situación económica real de la región, la Junta «no tiene ni un euro» y no paga ni «la luz ni el teléfono ni a los proveedores». Al respecto, apuntó que el PP va a exigir «responsabilidades» al presidente de la Junta, José María Barreda, y a la vicepresidenta de Economía y Hacienda, María Luisa Araújo, que irán «más allá de las responsabilidades políticas» si la situación es «tan grave» de haber «arruinado» a la región.

«Irresponsabilidad»
El secretario general del PP castellanomanchego aprovechó para denunciar que Barreda tenga «paralizada la administración» y que desde su «irresponsabilidad quiera montar un campo de minas» para que no se pueda pagar nada. Se le recordará, dijo, como el «peor» presidente de una comunidad que acumula más de 7.000 millones de euros de deuda y que debe en facturas impagadas más de 2.000 millones, lo que está llevando a la ruina a pequeños empresarios, además de encabezar el ránking de déficit público de las comunidades, informa Efe.

Para Tirado, con esta «herencia», es «intolerable» que la responsable de la Consejería de Economía no se haya reunido con el PP para facilitar el traspaso de poderes; «ni está ni se la espera», y aseguró que, pese a que las palabras desde el Gobierno eran que iban a hacer un traspaso modélico, «hechos, ninguno». «¿Cómo calificarían ustedes un traspaso de poderes en el que la consejería más importante, desde el punto de vista económico, todavía no ha dado la cara?», preguntó Tirado a los periodistas, insistiendo en que María Luisa Araújo «no ha tenido ningún contacto» con el PP.

A pesar de que comentó que su relación con el consejero de Presidencia y Administraciones Públicas en funciones, Santiago Moreno, «es buena y fluida» en las reuniones que están teniendo para llevar a cabo el traspaso de poderes, Tirado dijo que sólo hay «buenas palabras». En cuanto a las siguientes reuniones que se producirán entre PP y la Junta para llevar a cabo este proceso, Tirado explicó que el siguiente encuentro con el consejero de la Presidencia en funciones se llevará a cabo el próximo martes.

«Tengan fe»
No obstante, envió un mensaje de tranquilidad y pidió a los ciudadanos que «tengan fe» en que el nuevo Gobierno va a luchar, con «sudor y esfuerzo», para solucionar esta «grave situación económica» que, según agregó, también afecta a los ayuntamientos a los que la Junta tampoco paga los servicios concertados. Y avisó de que «habrá auditorías en todos los sitios. Vamos a revisar absolutamente todo», apuntó.

Baleares recurre a los bancos para sanear sus cuentas
El Gobierno balear ha estado negociando con varias entidades bancarias operaciones de endeudamiento a corto plazo para obtener así la liquidez financiera necesaria para hacer frente a los numerosas deudas que tiene pendientes con proveedores, que ha garantizado que se pagarán. Tras la reunión de ayer del Consejo de Gobierno, la portavoz en funciones, Joana Barceló, quiso explicar que el Ejecutivo autonómico espera cerrar esta negociación en cuestión de días con el fin de hacer efectivo el pago de las cantidades debidas, entre otros, a transportistas, proveedores de hospitales, colegios públicos y concertados o constructores que no cobran los servicios prestados desde hace meses.

Barceló, sin embargo, pidió la «máxima tranquilidad» porque, aunque hay «problemas de tesorería, toda la contratación realizada por la Administración balear está formalizada de manera muy clara y cuenta con todas las garantías de disponibilidad presupuestaria», informa Efe. La titular de Trabajo y Turismo respondía así a una información en la que se afirmaba que los pagos congelados ascienden a 355 millones y se advertía de que peligraban los suministros en centros sanitarios, servicios públicos y colegios. Eso sí, la consejera no concretó el importe de estas operaciones de crédito que negocia la Economía y Hacienda con los bancos desde hace tiempo.