España y Francia pisan el acelerador para acorralar judicialmente a ETA

Fruto de esa reunión, los jueces españoles tendrán más facilidades (también a la inversa) para trasladarse al país vecino a practicar cualquier diligencia. Los permisos se canalizarán a través de determinados magistrados, según la zona, en lugar de formalizar una comisión rogatoria, lo que permitirá agilizar esas gestiones.

Según un informe al que ha tenido acceso LA RAZÓN elaborado por Luis Francisco de Jorge, jefe de servicio de la Comisión de Relaciones Internacionales del Consejo General del Poder Judicial, los jueces franceses se quejan sobre todo de la «carga pesadísima» de trabajo que les acarrea la petición de la misma información por parte de distintos magistrados de la Audiencia Nacional, lo que califican de «serio problema».

Por contra, los jueces españoles lamentan el excesivo retraso de sus colegas en responder a sus peticiones de auxilio judicial, algo que la propia Le Vert se comprometió a remediar (entre las diligencias que no se han cumplimentado aún figuran las relativas al «caso Faisán» y el supuesto chivatazo a ETA, impulsadas por Garzón el pasado febrero).

Base de datos
En el documento, De Jorge (que también asistió a la cumbre judicial) constata que, según Francia, «con frecuencia» los jueces de la Audiencia piden documentos relativos a supuestos terroristas «que aparecen imputados en distintos procedimientos». Los magistrados galos, que cuentan con «un solo funcionario de apoyo», no dan abasto, por lo que la respuesta llega «incluso años más tarde». Entre las soluciones propuestas, efectuar en nuestro país un control previo para evitar duplicidades a través del magistrado de enlace o por medio de una base de datos que avise automáticamente de las coincidencias.

Información «innecesaria»
Por otra parte, los magistrados galos creen que el número «excesivo y probablemente innecesario» de peticiones de testimonio íntegro de causas penales supone «un trabajo difícil de asumir» con sus limitados recursos, pues las causas son muy voluminosas y «es preciso fotocopiar muchas páginas». El informe aconseja que los jueces españoles se sirvan del magistrado de enlace o de un oficial de la Policía para efectuar una labor previa de identificación del material necesario.

Del mismo modo, se quejan del «trabajo innecesario» que conllevan las solicitudes de datos en causas con «pronóstico de archivo» (pues ya se están investigando en Francia) y de la petición de interrogatorios que no pueden realizar por ley al estar abierto un procedimiento penal francés por el mismo asunto.

Igualmente, reclaman una mayor coordinación para evitar que las gestiones de los equipos conjuntos de investigación lleguen «antes a poder del juez español». Por último, cuestionan la «insuficiente» exposición de hechos de las comisiones y que, a veces, se pidan diligencias precisadas «de manera oscura o algo críptica».


Homenajes proetarras con el sello de Segi
La asociación Dignidad y Justicia, que pidió sin éxito las semana pasada a la Audiencia Nacional la prohibición de cuatro actos del «Gudari Eguna» (día del soldado vasco) insiste en que detrás de esas convocatorias (la última se celebrará hoy en Zarauz) están las ilegalizadas Ekin y Segi (que a través de los carteles de la imagen convocan a secundar el «Gudari Eguna»).