La otra forma de gobernar de Griñán: subir impuestos y suspender derechos

SEVILLA-Demostrar que hay otra forma de hacer política contra la crisis. En ese objetivo esencial justificaron PSOE e IU su alianza de gobierno en Andalucía. Pero el Ejecutivo «de progreso» encabezado por el socialista José Antonio Griñán anunció ayer un histórico ajuste de 3.500 millones de euros, aproximadamente el 11% de un Presupuesto autonómico de 32.020. De ellos, 2.500 –200 menos de los anunciados– se recortarán por la vía del gasto y 1.000 se espera recaudar por la de los ingresos, según explicó la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo.

El plan de reequilibrio, que la Junta achaca al cumplimiento del objetivo de déficit del 1,5% del PIB en este ejercicio y a los «impagos» del Gobierno central a la región, incluye la subida de impuestos a los andaluces y la «suspensión» temporal de derechos a los 239.399 trabajadores que el Gobierno regional tiene en nómina en la Administración general y los más de 22.000 empleados que suman las empresas públicas. Para empezar, en aplicación de la normativa estatal, se aumentará de manera «flexible» la jornada laboral de 35 a 37,5 horas de las plantillas públicas, para «no despedir a 30.000 personas», por lo que los funcionarios temen que desaparezca una parte «importante» de su nómina. De hecho, Martínez Aguayo calcula que la reducción salarial de sus empleados oscilará del 0 al 6,5%, dependiendo de categorías y puestos, con una media del 5%. Porcentaje aplicable a los altos cargos, incluido Griñán, los consejeros y los viceconsejeros que ya «sufrieron» la pérdida de un 15% en 2011.
 
En el caso concreto de los interinos, se les disminuirá la jornada y por ende su sueldo en un 15%.

A todos se les pedirá un nuevo «esfuerzo» por «responsabilidad» y se les mermará entre un 30 y un 40% de manera «inmediata» los complementos adicionales de las pagas extra de junio y diciembre. A lo que hay que añadir una poda del 10% en las percepciones vinculadas a las retribuciones de carácter variable. En definitiva, pretenden ahorrar, con éstas y otras medidas, en torno a los 777 millones en el capítulo I relativo a los gastos de personal.
 
En el apartado de los ingresos, el Gobierno de izquierdas elevará la presión fiscal sobre la ciudadanía. Modificará en los últimos tramos de la tarifa autonómica del IRPF, que pasará al 23,5% en el caso de rentas entre 60.000 y 120.000 euros y al 25,5 para las de 120.000 euros en adelante, lo que supone un incremento de un punto. Una decisión con la que la Junta espera recaudar 25 millones de euros en 2014.

Se multiplicará por 1,10 la tarifa actual del Impuesto de Patrimonio y por 2 el tipo de gravamen autonómico del impuesto sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos hasta agotar la banda máxima permitida a las comunidades, con excepción del gasóleo de uso agrícola, lo que supondrá unos 120 millones al año. El tipo de gravamen general de actos jurídicos documentados pasará del 1,2 al 1,5% para lograr 100 millones y se aumentará la tasa fiscal sobre el juego en la tarifa para máquinas recreativas, con el fin de recaudar 16.

La Junta quiere recuperar al menos un tercio de la cantidad adelantada de los fondos europeos, unos 500 millones, y obtener 350 por la venta y alquiler de activos patrimoniales.Restará 10 millones a los sindicatos en ayudas o «liberados» y «reprogramará» 570 millones en inversión. La obra pública se congela.

LAS MEDIDAS
Vía de gastos
* Se bajará el salario a los empleados públicos fijos una media de un 5%. Los interinos verán mermada su jornada y, por tanto, su sueldo un 15 %.
* Las plantillas del Gobierno andaluz verán reducidas su paga extra de verano primero, y la de diciembre después, entre un 30 y un 40% de media.
* La reducción salarial afectará al presidente de la Junta, a los consejeros, viceconsejeros y al personal asimilado. Perderán un 5% de sus retribuciones que se sumarán al 15% que se recortaron el año pasado.
* El Ejecutivo autonómico pretende disminuir un 10% el gasto operativo en bienes y servicios mediante la reducción del 50% de la flota de vehículos de altos cargos, entre otras medidas.
* Eliminará la partida de protocolo de altos cargos y directivos de empresas públicas salvo presidente y consejeros.
* La partida de información, divulgación y publicidad se reducirá también a la mitad, así como la de reuniones, conferencias y cursos.
* Disminuirán en un 15% los recursos destinados al arrendamiento e indemnizaciones por locomoción, traslado y dietas.
* De medidas adoptadas por el Gobierno central en materia sanitaria se prevé un ahorro anual de 190 millones de euros.
* No se tocan los órganos de extracción parlamentaria como el consejo de administración de la RTVA o el Defensor del Pueblo.

Vía de ingresos
* Entre la batería de medidas fiscales destaca el aumento de los últimos tramos de la tarifa regional del IRPF. Junto a éste, se doblará el tipo de gravamen regional del Impuesto sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos, que pasará de 48 euros por 1.000 litros en el caso de la gasolina o el gasóleo no agrícola.
* La Junta incidirá en los planes de lucha contra el fraude fiscal que, según la consejera Carmen Martínez Aguayo, están dando «resultados interesantes». No se ha especificado cómo pretende hacerlo.
* A medio camino entre ingresos y gastos, se quiere avanzar en el programa de plataforma de compras sanitarias, para contar con 100 millones.