El juez Ruz investigará a la familia Ruiz-Mateos por fraude de Nueva Rumasa

El magistrado ha adoptado hoy esta decisión en un auto dictado después de que la Fiscalía Anticorrupción solicitara ayer la admisión a trámite de la querella, en un escrito en el que señalaba que se han identificado a 1.017 inversores que suscribieron pagarés de distintas empresas de Nueva Rumasa por un importe de 90.496.357 euros, según los datos disponibles hasta diciembre de 2009.

Ruz, que se declara competente porque hay multiplicidad de perjudicados en más de una Audiencia, fija una fianza por responsabilidad pecuniaria de 13 millones de euros para los responsables de Nueva Rumasa, que deberán abonarla una vez que el magistrado disponga de la información recabada de los distintos Registros Mercantiles.

La querella que han interpuesto 63 inversores -asesorados por el despacho Martínez-Echevarría, Pérez y Ferrero Abogados por presuntos delitos de estafa, insolvencia punible, delito contra los consumidores y administración desleal- se dirige también contra Inversiones Ruiz Mateos, Nueva Rumasa, José María Ruiz-Mateos, Rumanova, Maspalomas Hoteles, Carcesa, Grupo Dhul y Clesa.

El juez hace suyos los argumentos de la Fiscalía y rechaza la petición de extender la querella a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y al Banco de España, como responsables civiles subsidiarios, tal y como piden los querellantes.

El magistrado asegura que del examen de las actuaciones, tanto del contenido en la denuncia y querella interpuesta, como de lo informado por el Ministerio Fiscal, se deduce una apreciación de estar ante "defraudaciones que produzcan o hayan podido producir un perjuicio patrimonial de entidad relevante en una generalidad de afectados en un ámbito territorial supraprovincial"

En cuanto a la estimación del perjuicio patrimonial causado, el juez apunta que al no poder precisar el importe exacto de todas las inversiones vencidas que no han sido reintegradas, la instrucción deberá delimitar con la mayor precisión el destino último dado por los denunciados y querellados a las cantidades desembolsadas por los inversores.

El juez designa a dos funcionarios de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) para que analicen toda la documentación de contenido económico-financiero objeto de la investigación.

Dispone, además, a la Unidad Central de la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) como fuerza policial en estas diligencias para que practique cuantas actuaciones estime sean necesarias para la comprobación de los hechos de este procedimiento.

El juez solicita a distintos registros mercantiles las cuentas de 2009 y 2010, y la certificación registral completa de las empresas José María Ruiz-Mateos, Inversiones Ruiz-Mateos, Nueva Rumasa, Clesa, Rumanova, Bardajera, Maspalomas Hoteles, Carcesa, Hibramer, Grupo Dhul y Bodegas Valdivia de Cádiz.

Reclama, también, a los juzgados mercantiles competentes los autos de declaración de concurso y la remisión de los informes de las administraciones concursales, una vez realizados, de Clesa, Carcesa, Hibramer, Grupo Dhul y Bodegas Valdivia de Cádiz.

Acuerda que los funcionarios de la AEAT analicen las cuentas bancarias que identifica la Fiscalía Anticorrupción e informen del destino dado a las cantidades ingresada por los adquirientes de pagarés.

En la relación de entidades que recogía el escrito de la Fiscalía figura el Banco de Valencia, Banco Popular, BBVA y Banco Etcheverria (con una cuenta cada uno de ellos), La Caixa (con cuatro) y Banesto (con tres).

Según informó en su escrito la Fiscalía Anticorrupción a la Audiencia Nacional, la AEAT considera que "Nueva Rumasa podría alcanzar un número mínimo de 147 empresas, que funcionan bajo el principio de caja única y que actúan bajo una unidad de decisión atribuible a la familia Ruiz-Mateos y singularmente a sus miembros varones".

LA AEAT caracteriza a este grupo de empresas por su "total opacidad, ya que su titularidad formal corresponde a otras sociedades residentes en paraísos fiscales, jurisdicciones no cooperantes y otros territorios de riesgo", en total 27 sociedades en Belice, 2 en Panamá, y 4 en Holanda, cuyo representante "suele ser uno de los que se consideran sus testaferros habituales".