La auditoría de la Junta también falló en la estafa de las ayudas de la UE

SEVILLA- Tan sólo un día después de que la Junta reconociera la existencia de 70 intrusos en ERE irregulares, un nuevo escándalo relacionado con ayudas al empleo vuelve a salpicar a la Administración autonómica. Se trata de un presunto fraude masivo, investigado por la Guardia Civil y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en la concesión de subvenciones procedentes de la Unión Europea, que eran gestionadas por la Junta. Al parecer, las empresas beneficiadas contrataban a varias personas y, cuando recibían la ayuda, las despedían. En ningún caso la Administración autonómica cruzaba los datos con los de la Seguridad Social.
El consejero de Empleo, Manuel Recio, defendió ayer los controles llevados a cabo por su departamento para verificar dichas ayudas. Unas inspecciones «aleatorias» que no detectaron ninguna anomalía. Sin embargo, llama la atención que la explicación sea la misma que la que ofreció la consejera de Presidencia, Mar Moreno, el pasado 8 de febrero, cuando dio a conocer que el Gobierno andaluz había descubierto 37 nuevos casos de prejubilaciones fraudulentas. En concreto, dijo que la Intervención General realizó en 2005 una auditoría «aleatoria» de 20 ERE y que no se detectaron problemas.
Eso sí, Recio quiso restar responsabilidad a la Junta asegurando que las bonificaciones «no son de la Consejería, sino del Ministerio de Trabajo, con el que trabajamos conjuntamente» y se mostró dispuesto a colaborar con la Justicia. «No tenemos conocimiento de los resultados de esa investigación, pero si se demuestra que ha habido una mala utilización de las ayudas, se solicitará la devolución del dinero».
Paradójicamente, el portavoz parlamentario del PSOE, Mario Jiménez, negó la tesis de Recio y señaló que la Junta «no tiene nada que ver» con la gestión de las subvenciones. «Se trata de la utilización de unos recursos por parte de unos empresarios. Por tanto, es una responsabilidad mercantil y personal de las empresas», argumentó Jiménez, no sin antes subrayar que la Junta sí hace un seguimiento del cumplimiento de los objetivos de las subvenciones. En este punto, recordó que alertó de «algunas irregularidades» detectadas en Cádiz.
El portavoz parlamentario del PSOE no aclaró algunas cuestiones relevantes, como si fue la propia Junta la que dio la voz de alarma sobre el fraude generalizado y si abrirá una vía de investigación específica para este caso.
Quien sí ofreció más datos sobre el asunto fue el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, quien especificó que las irregularidades afectan a empresas particulares de todas las provincias andaluzas, salvo Huelva. «Si hay otro tipo de responsabilidades se derivarán de la investigación judicial», afirmó. Igualmente, desveló que, tras una prórroga de la investigación, el caso está «prácticamente terminado y en fase de ser próximamente judicializado».
El nuevo escándalo provocó una dura reacción de los partidos de la oposición, especialmente de IU. Su coordinador regional, Diego Valderas, aseguró que este nuevo «escándalo» se suma a la «epidemia de irregularidades y corruptelas» de la Junta, por lo que instó al Gobierno andaluz a «levantar la alfombra con la suficiente valentía» para depurar las correspondientes responsabilidades. Ante este panorama, exigió que la Cámara de Cuentas realice una auditoría general del conjunto de las actividades de la Junta, bajo la sospecha de que la concesión de ayudas al empleo «ha estado presidida en los últimos tiempos por la negligencia, el amiguismo, los favoritismos y el tráfico de influencias».
La utilización de las ayudas de la UE están ahora más en entredicho que nunca, a pesar de que recientemente Griñán se desplazó a Bruselas para reclamar su mantenimiento.

Visita a uno de los escenarios del escándalo
- El consejero de Empleo, Manuel Recio, visitó ayer un taller laboral de la localidad de Minas de Riotinto (Huelva), municipio en el que tiene su sede una empresa implicada en el escándalo de los ERE irregulares. En el expediente de Minas de Riotinto se falsearon vidas laborales para que los beneficiarios obtuvieran más compensaciones económicas. La Junta financió la operación.