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Senegal suspende la repatriación del expresidente Hisen Habre a Chad

El ministro senegalés de Exteriores, Madicke Niang, informó hoy de que su Gobierno ha suspendido la repatriación del expresidente de Chad Hisen Habre, exiliado en Senegal desde 1990, tras haber anunciado hace dos días que lo devolvería a su país mañana lunes.

En una declaración difundida por la televisión nacional senegalesa, Niang explicó que el Ejecutivo ha tomado esa decisión tras una petición de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Navi Pillay. El giro del Gobierno de Dakar también se produce después de que varias organizaciones pro derechos humanos expresara su rechazo a la repatriación de Habre por temor a que pudiera ser torturado en su país.

Habré ha sido acusado de ser el responsable de persecuciones étnicas llevadas a cabo en 1984, 1987 y 1989, contra grupos étnicos rivales en Chad. En septiembre de 2005, un tribunal belga acusó a Habre de crímenes contra la humanidad, tortura y crímenes de guerra, y otras violaciones de los derechos humanos. En 2006, Bélgica pidió en vano la extradición de Habre, apodado el "Pinochet africano", y ese mismo año los mandatarios de la Unión Africana (UA), reunidos en Banjul, capital de Gambia, dieron un mandato a Senegal para juzgar al exmandatario chadiano.

En 2007, la Asamblea Nacional senegalesa modificó la Constitución para hacer posible el juicio de Habre. Posteriormente, el Gobierno de Senegal vinculó el juicio de Habre a la contribución de la UA y de la comunidad internacional al presupuesto del proceso contra el exgobernante chadiano, que se calcula en 27 millones de euros. El pasado diciembre, el presidente senegalés, Abdoulaye Wade, dejó claro que estaba harto del "caso Habre"y amenazó con devolverlo a su país.

Habré ejerció como presidente de Chad entre 1982 y 1990, cuando fue derrocado por el actual presidente chadiano, Idriss Deby, que llegó al poder al frente de una rebelión armada. Desde hace años, Hisen Habre estaba pendiente de un proceso por los crímenes que le imputan varias organizaciones pro derechos humanos, que han presionado al Gobierno senegalés para juzgarle o extraditarle a un país que acepte organizar el juicio.