Jueces y fiscales vascos avisan: Bildu y Amaiur «están en el límite»

VITORIA- Los máximos responsables de la judicatura vasca alertan de que las coaliciones abertzales, que han pasado el filtro de la legalidad, están jugando con fuego. El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Juan Luis Ibarra, y el Fiscal Superior del País Vasco, Juan Calparsoro, aseguraron ayer, en sendas entrevistas en EITB, que la sentencia del Tribunal Constitucional que legaliza a Sortu marca de forma muy clara las líneas rojas que nunca han de ser traspasadas. Y muy cerca de ellas caminan Bildu, con su intención de subvencionar con dinero público un documental sobre presos de ETA, y Amaiur, por sus críticas a las últimas detenciones de etarras y al homenaje a las víctimas del terrorismo celebrado en el Congreso de los Diputados.

Mientras que Ibarra señaló, antes de conocer que la productora del polémico documental había renunciado a los 9.000 euros concedidos por el Ayuntamiento de San Sebastián, que Bildu puede «poner en riesgo su posición dentro del juego democrático» si la película que apoya enaltece a condenados por terrorismo «o ensalza la vida o conductas» de éstos, Calparsoro advirtió de que las declaraciones y actitudes del alcalde de San Sebastián, Juan Karlos Izaguirre, y del diputado de Amaiur, Xabier Mikel Errekondo, les sitúan «en el límite» aunque «estén ejerciendo la libertad de expresión».

«Se están moviendo en terrenos peligrosos», apuntó. El máximo responsable del Ministerio público del País Vasco también consideró «preocupante» que Bildu se preste a subvencionar un documental sobre un dirigente de la banda terrorista ETA, pero explicó que la competencia en este aspecto es del Tribunal Supremo y, como no se ha pronunciado al respecto, concluyó que no habrá pruebas suficientes para instar a la ilegalización de Bildu.

Ahora bien, recordó que la Ley de Partidos se puede aplicar en cualquier momento, y que la sigla más vulnerable a sus efectos puede ser Sortu. Además, destacó que el Ministerio público «debe estar vigilante siempre» porque son temas «muy delicados que afectan a la calidad democrática de la sociedad».

Respecto al fallo del Tribunal Constitucional, que acaba de permitir su legalización, tanto Calparsoro como Ibarra señalan que marca «una hoja de ruta» y «cinco supuestos bastante lógicos» que los partidos que quieran participar en la vida política han de respetar a rajatabla.
«Introduce elementos muy importantes e interesantes que determinan el camino del que no se puedan apartar, partiendo de que el objetivo es que estamos defendiendo la democracia», añadió Calparsoro, que llamó a estar siempre vigilantes.

La productora del documental de presos renuncia a la subvención
VITORIA- Las advertencias del Ejecutivo y de los tribunales han tenido efecto. Pero no en Bildu que, pese a ser alertado de que subvencionar con dinero público una película sobre presos de ETA podría abrir el camino de su ilegalización, se ha mantenido en sus trece en el Ayuntamiento de San Sebastián sin retirar en ningún instante la ayuda de 9.000 euros aprobada de forma unilateral. Fue Zinez Elkartea, la productora del controvertido documental «Ventanas al interior», la que renunció ayer a esa partida ya concedida y a las que había solicitado tanto a otros consistorios como a la Diputación de Guipuzcóa, también en manos de Bildu. Junto al anuncio de su decisión, cargó contra el Gobierno por «someter a la sociedad a una tensión y malestar innecesarios». Y para poder financiar su cinta instó a la ciudadanía a aportar ayuda económica porque «está en juego la libertad de expresión». El Ayuntamiento de San Sebastián agradeció a la productora su renuncia porque se adopta para «no perjudicar a terceros», si bien lamentó que este tipo de polémicas «no ayudan a avanzar en el proceso».

Olvido para la primera víctima de ETA
De nuevo, los proetarras se retratan. El pleno del Ayuntamiento de San Sebastián aprobó ayer, con los votos del PSE-EE, el PP y el PNV y la abstención de Bildu, otorgar la Medalla de Oro de la ciudad a la familia de Begoña Urroz, la niña de 22 meses asesinada por una bomba colocada en una estación de tren en 1960, la primera víctima de ETA. La declaración aprobada no fue apoyada por Bildu, que presentó una enmienda a la totalidad en la que aboga por conceder la Medalla de Oro a la familia de Begoña Urroz, pero atribuye su asesinato al grupo antifranquista DRIL y reclama reparación para otras víctimas de lo que denominan «la guerra sucia, los abusos policiales, la política penitenciaria o las agresiones fascistas».