Sevilla se suma a las ciudades que multan a los clientes de la prostitución callejera

Sevilla- La lucha contra la prostitución tiene desde hoy un asidero legal más, ya que entra en vigor la ordenanza municipal que recoge sanciones de hasta 3.000 euros para los clientes. Es decir, la Policía multará a todos los que sean sorprendidos en plena vía pública y también a los proxenetas. Esta nueva normativa llega después de años de importantes críticas vecinales y de un incremento de la presencia policial en zonas tradicionalmente con problemas de esta índole. La primera de ellas en la que se vieron los efectos de las acciones disuasorias fue en los alrededores de Santo Domingo de la Calzada, donde los residentes llevaban mucho tiempo solicitando una solución.

Con la ordenanza, se trata de establecer «mecanismos para impedir en los espacios públicos la explotación de las personas mediante la prostitución por entender que además de difundir una imagen de la mujer como mero objeto sexual, perturba la convivencia ciudadana».
Sanciones, control, pero también se buscan medidas para dar alternativas reales a estas mujeres, puesto que esta normativa establece un incremento de la dotación económica destinada al Programa de Intervención y Atención a las Víctimas, así como la convocatoria de subvenciones públicas para aquellas entidades sin ánimo de lucro que las ayuden. En este sentido, se pone especial hincapié en la protección de los menores que están implicados en este tipo de prácticas, ya sean los hijos de las prostitutas o las chicas que aún no tienen la mayoría de edad pero que están en las calles.

La delegada de Familia, Asuntos Sociales y Zonas de Especial Actuación, Dolores de Pablos, destaca que la intención del Ayutamiento es potenciar la protección de la mujer en las calles por encima de todo, ya que recalca que son «las principales víctimas de esta explotación», además de garantizar que los espacios públicos «sean lugares de convivencia». Así, mantiene que es fundamental resaltar el papel de víctima de la mujer y que hay que incrementar el control sobre los que propician la prostitución y los que la consumen. Sin embargo, De Pablos recalca que «no se puede mantener que la prostitución sea equiparable a un trabajo» y rechaza que se utilice el término cliente: «La prostitución no es un trabajo».

Desde el Ayuntamiento se recuerda que en los últimos meses se ha puesto el acento en la disuasión, indentificando a unas cien prostitutas, y se han levantado 38 actas a hombres. Estas actuaciones se han llevado, además de en Santo Domingo de la Calzada, en Sevilla Este, en la zona de la Carretera de Su Eminencia, así como en otras de la ciudad, por la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional. Conjuntamente, se ha elaborado una guía en la que se recogen todos los servicios sociales municipales, que en breve estará editada en otros idiomas además de en español. Como complementación especial, la Policía Local está recibiendo cursos para sensibilizarse frente a este problema y saber cómo atender a las mujeres en situación de riesgo.

A nivel nacional, cuatro de cada diez españoles utilizan estos servicios de manera habitual, convirtiendo a España en el país que encabeza el sexo de pago en Europa.
 

Derechos Humanos, contra esta normativa
La Asociación Pro Derechos Humanos critica que esta Ordenanza municipal sólo sirve para «retirar» a las mujeres de las calles en lugar de buscar alternativas a la exclusión. Por ello, mantienen que hay que buscar «medidas comprometidas» de carácter social. En este sentido, creen que es erróneo multar y perseguir a estas mujeres, ya que aseguran que la «represión policial» sólo contenta a un «lado de la ciudadanía» frente al otro que representan las mujeres.