Guerra de recursos: PP y Junta llevan a los tribunales la entrega de las actas

SEVILLA- La guerra de recursos está abierta. La Junta ha recurrido el auto que ordena la entrega de las actas del Consejo de Gobierno, en relación con la investigación del juzgado de Instrucción 6 sobre las presuntas irregulares en los expedientes de regulación de empleo (ERE), considerándolo nulo. El PP, que actúa como acusación particular, solicita que la juez Alaya investigue los llamados ERE muertos –los que ya están pagados– a través de un recurso directo en el que también exige que los documentos de la Administración pasen a formar parte de las diligencias inmediatamente, al entender que «no existe un conflicto de jurisdicción».
El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, anunció la inminente presentación del recurso de apelación que, de prosperar, supondría retomar el auto de la magistrada, de fecha 30 de marzo, en el que exigía la entrega inmediata de las actas, actualmente guardadas y selladas, bajo vigilancia y llave, a la espera de que el Tribunal Supremo dictamine.
Sanz criticó la «obsesión obstruccionista» de la Junta y el PSOE en relación al «fraude de los ERE». «Creen que tienen mayoría absoluta para extenderla a los juzgados e impedir la investigación», denunció el PP, algo que tildó de «cada día más sospechoso». En su recurso de apelación, los populares sostienen que las actas «ni son reservadas ni secretas», al no interferir en las indagaciones «las opiniones y las deliberaciones».
Para el PP, el conflicto de jurisdicción planteado por la Junta es «improcedente» y «sin sentido». Se trata, directamente, de «una impugnación judicial», «una discrepancia de criterio» y no «un conflicto» que deba resolver una instancia judicial superior, apoyando esta tesis en un artículo del ex ministro Manuel Clavero, que defiende que no hay un problema de atribuciones ya que juzgado y Junta de Andalucía «tienen competencias distintas».
Sanz apeló al «carácter público de las actas». «La Ley de Gobierno es clara», así, «en una reedición» de la norma de 1983, «en el artículo 31, se elimina el carácter secreto de los documentos del Consejo de Gobierno». Antes, estas actas sí tenían un carácter reservado hasta que la propia Junta las hiciera públicas. Sanz apeló a la «responsabilidad criminal por desobediencia o negación de auxilio a la Justicia» por parte de la Junta. El PP considera que la Administración «quiere evitar que se llegue hasta el final, demorar» la investigación. Por otro lado, no indagar sobre los ERE muertos, como se ha evitado en el Parlamento por la mayoría del PSOE, supone «acercarse al encubrimiento y la prevaricación». «Si persisten», pretenden «encubrir la magnitud del fraude», que –dijo– puede afectar «al doble de empresas» en una trama que «va camino de ser la madre de todas las corrupciones en Andalucía». Sanz requirió, asimismo, explicaciones «a Viera», ya que los implicados Rosendo, Sayago y Guerrero «son sus pies y sus manos» y en él recae «el foco de responsabilidad directa». Mientras que sobre «Chaves y Griñán, el máximo común denominador del fraude de corrupción y los ERE, el cerco se estrecha y les inhabilita más».

CLAVES
1.- La Junta pide la nulidad
- El Gobierno andaluz solicitó que el auto que pedía las actas sea nulo y planteó un conflicto de competencias.
2.- en un armario acorazado
-Las actas aguardan desde hace doce días en un armario acorazado, a la espera de la decisión del Tribunal Supremo.
3.- Apelación directa del PP-A
- Según el artículo 7 de la Ley 2/1987, si no afecta a facultades en trámite de la Junta, no hay conflicto de competencia.
4.- Cambio en el carácter público
- El propio Consejo varió el carácter secreto de las actas en el artículo 31 de la Ley de 1987, afectando sólo a deliberaciones.
5.- Batalla política y judicial
- El PSOE cree que la juez se excede en sus competencias. El PP acusa a la Junta de «encubrir» y «prevaricar» si no colabora.