Morín defiende que no trituraba fetos sino pollos y cerdos

Barcelona- Sí, en la clínica abortista Ginemedex, dirigida por el doctor Carlos Morín, acusado de 115 interrupciones del embarazo ilegales, había una trituradora, pero no para deshacerse de fetos, sino para descuartizar pollos y «cerditos». Así lo explicó el propio imputado ante la Audiencia de Barcelona en respuesta a las preguntas de su abogado. El segundo día de juicio contra el «doctor Muerte» y contra once de sus colaboradores se centró en desestimar la nulidad del caso –petición realizada por las defensas durante la lectura de las cuestiones previas– y en escuchar la versión del doctor Morín y de María Luisa Duran, esposa de éste y enfermera de TBC, otra de las clínicas abortistas de Morín ubicadas en Barcelona.

En su turno de palabra y también respondiendo a su abogado, Duran confirmó la teoría expuesta poco antes por su marido. La trituradora del centro Ginedemex servía exclusivamente para acabar con aves y cerdos utilizados previamente por Morín para instruir y formar a veterinarios de la Universidad Autónoma de Barcelona en técnicas laparoscópicas. Más que aclarar lo que uno de los testigos protegidos claves en la investigación del «caso Morín» ya desveló en 2007, ambos imputados sembraron aún más dudas. De hecho, las caras de los letrados de las acusaciones particulares evidenciaron sorpresa y extrañeza cuando Morín pronunció la palabra «pollos». En este sentido, para la entidad impulsora del proceso judicial, E-Cristians, la explicación de Morín y su esposa es «rocambolesca e increíble». «Parece evidente que unas trituradoras que están en una clínica de humanos donde se manipulan restos humanos no están puestas para triturar animales como pollos o cerdos», señaló el letrado de E-Cristians, Carles Barbosa.

De hecho, el testigo protegido explicó que después de que el reportaje de la televisión danesa sacara a la luz pública lo que estaba pasando en las clínicas del doctor Morín, las dos trituradoras instaladas en TCB y Ginemedex se desmontaron. Así, durante un tiempo, las clínicas dejaron de practicar abortos ilegales pero cayó tanto su volumen de negocio que en 2007 se instaló otra en Ginemedex. Allí iban a parar los fetos de abortos ilegales.

Otra de las incongruencias de la declaración de Morín es que afirmó que su mujer, María Luisa Duran, formó parte de las empresas y que, a pesar de ejercer como enfermera, no lo hizo como sanitaria. Su esposa aseguró, no obstante, haber sido enfermera de quirófano de laparoscopia durante su etapa en Ginemedex –antes de encargarse de la unidad de enfermería de TBC–.
Morín, que sólo respondió a las cuestiones de su abogado y que se mostró sereno aunque obtuso en algunos momentos de su exposición, aprovechó para asegurar que sus clínicas cumplían con todos los requisitos marcados por la Generalitat de Cataluña y gozaban de la acreditación correspondiente. Negó que jamás presionara a los psiquiatras para que rellenaran informes de pacientes de un modo concreto; afirmó que se deshacían de los fetos de forma legal, mediante unos contenedores que recogía la empresa Ecoclínic, y que todas las interrupciones del embarazo se notificaban al consejería de Salud catalana. Quedó claro que para este médico, «un aborto es un incidente, no es la vida de la madre» y el precio máximo de la intervención ascendía a 2.200 euros, siempre dentro de los parámetros de ley. Las escuchas telefónicas practicadas por la Guardia Civil y la declaración del testigo protegido apuntan a que a las mujeres a las que se les practicaba un aborto ilegal podían llegar a pagar hasta 6.000 euros en función de la semana de gestación. Dinero que, según Duran, algunas entregaban en efectivo porque «al tratarse de una intervención muy delicada, algunas de las mujeres preferían pagar al contado» y evitar las posibles preguntas de maridos, novios o familiares. Las clientas llegaban hasta los centros de Morín de diferentes formas. Ambos imputados coincidieron en señalar a sus proveedores como otros hospitales, médicos, centros de planificación familiar, la fundación de la Generalitat Salud y Familia y, «aunque parezca mentira, del propio Ayuntamiento», dijo. De hecho, Duran era quien recibía a las pacientes en TBC y, según dijo, rellenó informes psicológicos de las clientas que no sabían ni leer ni escribir pero, se justificó, siempre atendiendo a las respuestas de éstas.