El asalto al súper de Sánchez Gordillo abre otra brecha en el «bipartito»

SEVILLa- La mediática «toma» de los miembros del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) de dos grandes superficies comerciales en Écija (Sevilla) y Arcos de la Frontera (Cádiz), capitaneada por el diputado de IULV-CA y alcalde de Marinaleda, Sánchez Gordillo, ha tenido consecuencias políticas, más allá de las policiales. «Ha evidenciado», admiten fuentes del PSOE consultadas por LA RAZÓN, «las diferencias que existen entre los miembros del Gobierno andaluz –integrado por el PSOE y la coalición de izquierdas–».

De hecho, tan sólo unas horas después del «asalto» a los hipermercados, el presidente de la Junta y secretario general de los socialistas andaluces, José Antonio Griñán, no dudó en hacer saber a los seguidores de su perfil en la red social Twitter que consideraba una «barbaridad» que «este diputado asalte supermercados». Y ayer, en clara alusión a este asunto, escribió: «Tzvetan Todorov: ‘Populismo, ultraliberalismo y mesianismo, los enemigos íntimos de la democracia'».

En la misma línea, el recién nombrado por la consejera de Presidencia, Susana Díaz, presidente del Puerto de Málaga, Enrique Linde, lanzó también en Twitter: «Pretender que o se está de acuerdo con Sánchez Gordillo o se está de acuerdo con la banca, los especuladores... es simple demagogia».

Asimismo, otros cargos del PSOE consultados por este periódico defienden que «la ley está para cumplirla» y que la sustracción de alimentos en la que participaron Sánchez Gordillo y otros miembros de IU «está fuera de lugar en un Estado de Derecho como el nuestro».

Sin embargo, el vicepresidente de la Junta y líder de la federación de izquierdas en la comunidad, Diego Valderas, rompió su silencio del día anterior sobre las actuaciones del SAT, para muchos marcadas por el «despropósito», para criticar la forma pero no el fondo. «No hay que sacar de su contexto un acto simbólico que abre una reflexión social entre la riqueza y la pobreza», deslizó para añadir: «Hay mucha gente pasando hambre y la comida, a veces, no tiene un uso adecuado».

Dejó claro que su formación no abrirá expediente al alcalde de Marinaleda, por cuanto fue una protesta promovida por el sindicato SAT, de cuya Ejecutiva forma parte su diputado, y no por IU.
En la misma línea, el vicepresidente del Parlamento andaluz, Ignacio García, habló de un gesto que hay que valorar «en lo que refleja un aspecto de la realidad que no se quiere reconocer: que mucha gente que pasa hambre».

Y hubo otra reacción, la del consejero de Turismo y Comercio, Rafael Rodríguez, quien en una nota sostuvo que ni IU ni la Junta se «sienten identificados» con los actos del SAT, si bien, criticó la reacción «desproporcionada e injustificada» con la que ha actuado el Gobierno del PP.

Con todo, otro alto cargo como él de la coalición en el Ejecutivo regional, la secretaria general de Vivienda, Rehabilitación y Arquitectura de la Junta, Amanda Meyer, no dudó en dirigirse al propio Griñán para replicarle en Twitter: «Presidente no señale al débil mientras nos roban a manos llenas gracias a la reforma constitucional que pactaron ustedes con el PP». Unas palabras por las que el PP-A invitó al líder de los socialistas andaluces a «cesarla de manera fulminante» por apoyar «un delito» con violencia.

Al margen de salidas o no de la Administración, el asalto a los establecimiento comerciales ha provocado «malestar» entre los socialistas andaluces. Fuentes de ese partido lamentan la «enorme repercusión que ha tenido el asunto» y, sobre todo, que «se haya transmitido la imagen de que la izquierda es inconsciente».

«Le han dado argumentos a la derecha –matizan– para acusarnos de irresponsables y de otras muchas cosas».

La polvareda se ha producido además, según desvelan otras fuentes, horas después de que «Valderas le dijera a Griñán, que no se preocupara, que ‘lo tenía todo controlado', a raíz de un enfrentamiento entre las bases de IU y las del PSOE en La Línea de la Concepción (Cádiz)». ¿El contexto? La visita al municipio del líder de IU, Cayo Lara, y del diputado en el Congreso y portavoz en las comisiones de Hacienda, Economía y Presupuestos de la formación, Alberto Garzón, para explicar la campaña que su formación han emprendido contra la existencia de los paraísos fiscales.

Desde las bases de IU que se han opuesto a que la federación entrara en el «bipartito», entre las que se encuentra Sánchez Gordillo, lanzan un mensaje: «No nos vamos a plegar al PSOE».

El diputado de IU sólo recibirá una citación judicial
Fuentes de Foro Judicial Independiente explicaron a LA RAZÓN que «salir de un establecimiento con mercancía y negarse a pagarla es, como mínimo, un hurto. Si se entiende que se ha cometido agrediendo o intimidando a los empleados, se trataría de un robo con violencia». En el primer supuesto, la pena podría oscilar desde los 6 meses a los 3 años, si «se considera de especial gravedad». En el segundo, «de 2 a 5 años». A ello habría que sumar la agresión y otro posible delito de desórdenes públicos. Si bien, el diputado de IU Sánchez Gordillo sólo recibirá una citación judicial por su condición de aforado.