La Justicia investigará por separado si CDC se financió mediante el Palau

BARCELONA- El juez Juli Solaz dejará dentro de poco la instrucción del «caso Palau», ya que hace dos semanas le fue concedido el traslado como magistrado a la Audiencia de Barcelona. Sin embargo, Solaz ha querido despedirse del caso con una decisión que muchos esperaban que tomaría su sustituto en el juzgado de instrucción número 30 de Barcelona: abrir una investigación aparte sobre la presunta financiación irregular que Convergència Democràtica (CDC) cometió con la complicidad del saqueador confeso Fèlix Millet, ex presidente del Palau de la Música.

Solaz atendió de esta manera la petición que la Fiscalía hizo hace dos meses. Su solicitud se basaba en el informe que elaboró la Agencia Tributaria, el cual halló «indicios» sobre el pago de comisiones de la empresa Ferrovial a CDC mediante el Palau de la Música. Según este informe, Ferrovial pagó comisiones del 4 por ciento por la adjudicación de obra pública a Convergència. De este porcentaje, CDC se embolsaba el 2,5 por ciento, mientras que Millet y su mano derecha, Jordi Montull, se quedaban el 1,5 por ciento. El total de las comisiones ascendería a 5,9 millones de euros.

«Agilizar» el proceso
El juez confía en que su decisión de dividir la causa contribuirá a «agilizar» el proceso judicial y, por tanto, a disipar las críticas que su instrucción ha recibido por su velocidad de «caracol». En el auto que Solaz dio a conocer ayer, no se concretan imputaciones, sino que urge a la Fiscalía a proponer las que considere convenientes.

En el que fue su último escrito dentro de la instrucción del «caso Palau» el juez cargó las tintas contra el Consorcio del Palau de la Música por su «completa desorientación» y por su «posición cambiante y particularmente confusa».

Estas consideraciones se deben a la reciente decisión de la Generalitat –uno de los tres integrantes del Consorcio junto al Ayuntamiento de Barcelona y el Ministerio de Cultura– de pedir que no se impute a dos cargos de CDC que, presuntamente, participaron en la trama: Daniel Osàcar, el ex tesorero de Convergència, y Àngel Colom, que recibió el mecenazgo de Millet para saldar deudas del ya extinto Partit per la Independència.

Todos los partidos, salvo CiU, arremetieron contra la Generalitat por instrumentalizar a los servicios jurídicos de la administración autonómica para exculpar a sus correligionarios. Ayer, tras conocer la decisión de Solaz de separar la causa del saqueo del Palau de la de la presunta financiación irregular de CDC, los partidos catalanes se lanzaron contra el Govern. El portavoz parlamentario del PP, Enric Millo, aplaudió al juez por investigar por separado a Convergència y consideró que esto «deja en evidencia» al Ejecutivo nacionalista. «No sólo deja en evidencia a la Generalitat, sino también a sus servicios jurídicos y de esto el máximo responsable es el presidente Artur Mas», dijo.

El PSC, por su parte, amenazó con pedir la comparecencia parlamentaria de Mas si no da explicaciones convincentes y criticó al ex socialista Ferran Mascarell, ahora conseller de Cultura, por «corresponsable». Finalmente, ERC calificó la decisión de Solaz de «bofetada» contra la Generalitat de CiU.

18 meses sin sentencia
- Los Mossos irrumpieron en el Palau de la Música en julio de 2009 para registrar la institución ante la sospecha probada del saqueo de sus dirigentes, Fèlix Millet y Jordi Montull.
- En julio de 2010, la comisión de investigación del Parlament llama a declarar al tesorero de CDC, Daniel Osàcar, quien niega estar vinculado a la financiación ilegal de su partido y tacha de «montaje» del tripartito las acusaciones.
- En agosto de 2010, la Agencia Tributaria entrega al juez Juli Solaz un informe en el que asegura que la empresa Ferrovial realizó pagos al Palau de la Música a cambio de obra pública.