Los funcionarios llevan a la Fiscalía la rebaja en sus bases de cotización

Sevilla- El Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta (Safja) registró ayer en la Fiscalía de Sevilla una denuncia contra la directora general de Recursos Humanos y Función Pública del Gobierno autonómico, Isabel Mayo, y «quien pudiera resultar responsable», de un presunto delito de fraude a la Seguridad Social y otro de prevaricación.
¿La causa? La modificación a la baja aplicada por el Ejecutivo regional a la base de cotización de ese colectivo llevada a cabo en el marco del plan de ajuste económico-financiero. Una medida que, a juicio de la organización sindical, «conculca claramente la normativa vigente y supone un gravísimo atentado contra los derechos adquiridos de los funcionarios públicos afectados», que calculan en «decenas de miles» de trabajadores.
Según consta en la denuncia, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, la Junta «transforma, sin más», el bruto percibido en nómina en la base de cotización. Operación de consecuencias «funestas» para los empleados públicos, de cara, entre otras cuestiones, al cálculo de la jubilación o las percepciones por enfermedad.
En ese sentido, el representante legal del sindicato argumenta en su escrito que con esta nueva «trampa saducea» de la Junta, la Administración «logra un importante ahorro en cotizaciones a la Seguridad Social, a costa de los derechos adquiridos y consolidados de los funcionarios». Una circunstancia que podría suponer una violación del articulado de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, «todo ello sin perjuicio de la posibilidad de fraude a la Seguridad Social» tipificado en el Código Penal. A ello se sumaría que los hechos denunciados serían, asimismo, constitutivos de otro delito de prevaricación, regulado en el artículo 404 del Código Penal, «al conocerse sobradamente por la denunciada, la legislación existente al respecto». El sindicato presentó además la denuncia en la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social con el propósito de que se investiguen los hechos y «se adopten las medidas oportunas» para «salvaguardar los intereses» de los empleados públicos «pertenecientes a la Junta». El Gobierno andaluza justifica la medida en la «imposición de Madrid», pero el secretario general de Safja, Carlos Ezequiel Sánchez, asegura que «la Administración General del Estado no ha rebajado a sus trabajadores la base de cotización».