Sadesi recurre a empresas externas para ejecutar un encargo del SAE

Como entiende que el personal funcionario –o laboral– o adscrito no puede realizar ese trabajo, se lo encarga a la Sociedad Andaluza para el Desarrollo de la Sociedad de la Información (Sadesi), una empresa pública dependiente de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia encargada de la ejecución de diferentes proyectos de sistemas de información «para mantener a Andalucía en la sociedad de la información». El siguiente paso –y que se está convirtiendo en una práctica habitual– es que Sadesi no puede asumir ese trabajo y lo acaba externalizando a través de un concurso para que sea una empresa privada el que lo desarrolle. La empresa pública se limita a realizar las labores de coordinación y supervisión, apoyar la redacción de la base reglamentaria para las líneas de ayuda de cada uno de los órganos existentes del SAE o ayudar en el análisis de las necesidades formativas y en el diseño de los programas de formación a los usuarios.

En esta ocasión, licita un contrato por un importe de 165.120 euros para un servicio de consultoría dentro del grupo de trabajo de administración electrónica del Servicio Andaluz de Empleo. Las tareas son múltiples: analizar los cambios normativos que están impulsando la administración electrónica o ayudar en las necesidades formativas de los usuarios.

La Consejería de Economía, Innovación y Ciencia argumenta que las leyes 9/2007 de la Administración de la Junta y 5/2009 del Presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2010 le amparan en la realización de encomiendas de gestión a entidades instrumentales de la propia Administración. Y que esa sociedad pública puede más tarde para cumplir con sus objetivos recurrir a la colaboración de otra sociedad privada.

Esa interpretación contrasta con la que realizan varios sindicatos de funcionarios, que defienden que ese trabajo puede realizarse por el personal que trabaja en la Junta.

Por ese motivo, han recurrido varias encomiendas de gestión al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que ha dictado al menos dos autos que ordenaban la suspensión cautelar de esas encomiendas al considerar que la Administración autonómica dispone de «numerosos funcionarios» para desarrollar esa tarea.

Es el caso del auto de 19 de octubre de 2009 de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que suspendió de manera cautelar una resolución del 27 de febrero de ese mismo año por la que se encomendó a Sadesi la operación y soporte de sistemas de gestión empresarial implantados en la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Consejería de Presidencia.

También el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 6 de Sevilla suspendió de manera cautelar una encomienda de gestión del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) a la Fundación Andaluza de Fondo de Formación y Empleo (Faffe) para la explotación de datos derivados de la gestión de la formación de oferta dirigida, de forma prioritaria, a trabajadores ocupados. Fue en junio de 2009.