El nuevo reparto de los fondos de Dependencia a la medida de Andalucía

Cambio «radical» en el criterio para el reparto autonómico de los fondos de la Ley de Dependencia. Antes, el 80% de la distribución se basaba en el número de personas «potencialmente dependientes» de cada región, mientras que el 20% restante se centraba en aquellas que hubieran solicitado entrar en el sistema de dependencia. Con el cambio de timón anunciado ayer por la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, el 56% de los 283 millones de euros que el Gobierno repartirá este año se distribuirá de acuerdo al número de personas atendidas de manera «efectiva», mientras que el 44% restante se destinará según la población «potencialmente dependiente». Así, se llevará a cabo un reparto de fondos plurianual hasta 2013. Y hasta entonces, año tras año, ese porcentaje basado en los dependientes «potenciales» se irá reduciendo hasta quedar a cero. Dicho de otro modo: las comunidades que, el próximo 1 de julio, remitan al Gobierno un mayor número de personas que ya «estén incorporadas al Sistema de Atención a la Dependencia», como afirmó ayer Jiménez, saldrán más beneficiadas. Así, el mínimo exigido para ya ser contabilizado es que la persona dependiente cuente con su plan individual de atención (PIA).Este cambio responde a una «cooperación para perfeccionar y desarrollar» el Sistema de Atención a la Dependencia, cuyo reparto reflejará ahora «el cumplimiento de la ley». Sobre todo en lo que se refiere a su financiación y al número de personas atendidas: la ministra reconoció que, «aunque ya se han atendido a cerca de 560.000, aún quedan muchas». Asimismo, se espera de esta forma «potenciar los servicios y dar más recursos para la formación de cuidadores». La ministra, que acordó ayer con las Comunidades estos criterios, afirmó que «sólo manifestaron su malestar Valencia y Galicia», pero lo cierto es que no fueron las únicas. Los gobiernos madrileño y canario también expresaron su «disconformidad». Todas ellas regiones que cuentan con gobiernos –en solitario o en coalición– del PP. De hecho, fuentes autonómicas afirmaron que, según estimaciones del propio Gobierno, con el nuevo criterio, el reparto de fondos para Andalucía subirá alrededor de un 13,7 por ciento (unos 7 millones de euros más). Sin embargo, otras regiones recibirán varios millones de euros menos. En el caso de Galicia, la Consejería de Trabajo estimó que su comunidad obtendrá 3 millones menos. Así, pidió ayer que se tengan en cuenta «las características de cada región, especialmente la dispersión poblacional, que, junto a la tasa de envejecimiento, hacen que la prestación de los servicios sea mucho más elevada». La Generalitat Valenciana, que perderá 1,5 millones, afirmó que «recibirán más las regiones que destinan más recursos a las prestaciones para el cuidado familiar», mientras que se perjudica a otras «donde se equilibra este tipo de ayudas con las correspondientes a centros de día o residencias». En este aspecto incidió la Consejería de Asuntos Sociales madrileña, que además subraya que la aportación del Gobierno «se ha congelado con respecto a 2009», un aspecto «criticado por casi todas las comunidades». Mientras, el Gobierno canario cree que ahora «se pondera mucho más el territorio y la superficie que tenga la comunidad que la dispersión y la insularidad».

El tijeretazo y el cambio de baremo, las otras novedadesEn la reunión que mantuvieron ayer el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas en el Consejo Territorial correspondiente a la dependencia, también se acordó la eliminación de la retroactividad de las ayudas para las personas dependientes, una medida anunciada por el presidente Zapatero dentro del paquete de medidas anticrisis. Así, las personas dependientes recibían una cantidad en el tiempo transcurrido entre que se pedían las ayudas hasta que eran concedidas. Ahora, sólo la recibirán aquellos que superen los seis meses de espera. Así, con este recorte, el Gobierno espera ahorrar más de 1.000 millones de euros, aparte de la incorporación de más de 70.000 personas dependientes a las prestaciones y ayudas.Del mismo modo, Gobierno y comunidades modificaron el baremo de valoración de las personas dependientes. Ahora, se tendrá más en cuenta la «incorporación de la frecuencia con que los solicitantes pueden realizar determinadas tareas», pues «no es lo mismo no poder realizar una tarea en ocasiones que no poderla hacer la mayoría de veces». También se pretende «mejorar los manuales de aplicación».