427000 funcionarios más en España en sólo 10 años

MADRID- Italia despedirá al 10 por ciento de sus funcionarios para aplazar la subida del IVA. Mario Monti sólo hace seguir así la senda de tijeretazos a los empleados públicos por la que han circulado ya muchos otros países europeos para atajar el déficit. Las actuaciones han ido desde la congelación de los sueldos al recorte puro y duro, pasando por la no renovación de las plantillas. Irlanda y Grecia son los Gobiernos que han aplicado el mayor tijeretazo a los sueldos de los funcionarios. Pero también se han puesto en marcha drásticos calendarios de recortes progresivos en Francia o en el Reino Unido, por ejemplo. La radiografía de la función pública española señala como principal punto negro a las comunidades autónomas, y también a los ayuntamientos, ya que en los últimos años no han dejado de engordar su plantilla pública con el argumento de que necesitaban más personal para prestar sus servicios. Desde 2001, la Administración General del Estado ha reducido su personal en un 22 por ciento (163.880 personas), mientras que las autonomías lo han incrementado en un 44% (409.569) y las Entidades Locales, en un 39% (181.031 más). Esto implica que han hecho crecer el personal al servicio de las Administraciones Públicas en casi 427.000 personas en tan solo 10 años, un 20% más, cuando ni la población ni las necesidades se han incrementado en ese 20 por ciento.

Según el último informe que maneja el Gobierno, el número de empleados públicos es de 2.530.956 personas, con un descenso de casi 160.000 personas, un 5,92 por ciento frente a las anteriores cifras de julio.

El dato más revelador está en la tipología de los empleados públicos. Tan sólo el 61% es funcionario (1.653.498 personas); el 26 por ciento es personal laboral (690.278 personas); y el 13 % restante incluye personal interino y eventual. De cada 100 empleados públicos, 61 son funcionarios; 26, personal laboral; y los 13 restantes son personal interino y eventual.

Los funcionarios mantienen una relación con la Administración regulada por ley en todos sus aspectos: acceso, retribuciones, inamovilidad… La relación del laboral es como si fuera con cualquier otra empresa, con su convenio, y también se les puede despedir aplicando la legislación ordinaria. Y el interino es un eventual, que tiene un contrato temporal que cubre alguna necesidad ocasional. Es decir, que se puede prescindir de él sin problema en cuanto se considere que ya ha dejado de existir la necesidad por la que se le contrató.

Este crecimiento del personal laboral está muy ligado a los servicios públicos (Sanidad, Educación, servicios sociales…), pero también a las empresas, entes y diversos «chiringuitos» públicos que han engordado las comunidades autónomas. El Gobierno quiere adelgazar la masa salarial pública y está exigiendo más sacrificios a las autonomías, entendiendo como inevitable que si hay menos dinero tendrán que reducir costes en este capítulo. De hecho, algunas ya han empezado a recorrer esa senda. El Gobierno andaluz de Griñán, por ejemplo, ha iniciado su segunda Legislatura con una rebaja en los sueldos de los funcionarios y eliminando los complementos que reciben. También en la Comunidad de Madrid se ha rebajado en un 3,3% el sueldo a los funcionarios.

El próximo jueves, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el Gobierno revisará con las comunidades sus planes de ajuste y volverá a exigirles, con hechos y no de palabra, que lleguen al 1,5 por cien de déficit a finales de año «haciendo lo que tengan que hacer dentro del ejercicio de sus competencias».

Las pagas y los laborales, en la mira de economía
Como ya adelantó LA RAZÓN el pasado viernes, una de las nuevas medidas que estudia el Ministerio de Economía es la supresión de una de las dos pagas extras que cobran los funcionarios. Aunque no es una decisión firme, otra de las opciones que maneja el Ejecutivo sería realizar un ERE a los contratados laborales para lograr así el objetivo de déficit del 5,3% pactado con la UE.