La Policía blinda Torretriana para la ratificación del «decretazo»

La Policía Nacional blindó el edificio de Torretriana en Sevilla –sede de la Consejería de Hacienda y Administración Pública– de cara a la celebración de la Mesa General de la Función Pública, que tan sólo trató asuntos específicos relacionados con el personal de las nuevas agencias tras la marcha precipitada del sindicato CSIF, contrario a las medidas y a la fórmula de negociación utilizada.

Desde primeras horas de la tarde numerosos agentes tomaron las inmediaciones del edificio para impedir el acceso de los manifestantes. Sin embargo, dentro se concentraron decenas de funcionarios de la propia Consejería con pancartas y pitos para protestar por el «decretazo». Pero en esta ocasión –a diferencia de la anterior firma del acuerdo, cuando los manifestantes plantaron cara a la consejera del ramo, Carmen Martínez Aguayo, cerca de su propio despacho–, se extremaron las medidas de seguridad para que la zona donde se celebraba la reunión fuera un auténtico fortín.

Cuando llegaron los representantes de CC OO y UGT los gritos fueron ensordecedores. Entraron escoltados por la Policía, incluso en el ascensor que los condujo hasta la planta donde esperaban durante toda la mañana Aguayo y sus colaboradores más directos. La tensión era visible en sus caras. Incluso en la de los miembros de CSIF, que fueron los últimos en acceder a la sala. La reunión dio comienzo pasadas las seis de la tarde. Los representantes de CSIF fueron los primeros en intervenir. Leyeron un documento en el que detallaban su desacuerdo con la medida y se levantaron. Rompían así la negociación de manera unilateral, sin esperar al resto de intervenciones.

El secretario de acción sindical de la central, Rafael Gavilán, aseguró que su organización no reconoce la Mesa General como instrumento de negociación. «Se debería llevar a la Mesa Sectorial», matizó, no sin antes dejar claro que dialogaría con la Junta y con el resto de sindicatos «desde cero, no con el decreto ya aprobado como nos encontramos ahora». Por tanto, exigió su «derogación inmediata» y anunció nuevas movilizaciones para protestar por una «operación de legitimación y blanqueo de la Administración paralela».

Por su parte, el representante de UGT, Antonio Tirado, garantizó que con sus alegaciones «se recuperan las atribuciones públicas que la Junta había externalizado». Sobre el clima de conflictividad, atribuyó las protestas a la «contaminación» y «desinformación» de los sindicatos «minoritarios». «No se pueden llevar los temas al ámbito que a uno le interesa», subrayó en relación a las críticas de CSIF. Igualmente, defendió que tanto su central como CC OO «representan al 75 por ciento de los empleados públicos». «La actitud de CSIF es muy poco responsable», remachó.

Aguayo, de su lado, lamentó la negativa del sindicato a negociar, una central que «en principio es seria». Además, recalcó que el decreto ya está vigente y que las modificaciones se incluirán como alegaciones al Presupuesto. «Detrás de las protestas hay un ataque a lo público», sentenció.