Rivera dio 43 millones sin control en época de Griñán

Sevilla- Daniel Alberto Rivera era la persona elegida por la Junta de Andalucía para poner orden en la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social. Estaba en el cargo cuando trascendió el escándalo de los ERE –fue nombrado en abril de 2010 y ha estado en su puesto hasta el pasado 12 de junio–. Rivera, según la Administración andaluza, era el ejemplo de «colaboración» con la justicia. De hecho, la Junta le paga el abogado. A Rivera, la juez Mercedes Alaya le imputó ayer la comisión de cuatro delitos, todos ellos de forma continuada: prevaricación, malversación, omisión del deber de perseguir delitos e infidelidad en la custodia de documentos. La instructora, según la declaración de una ex asesora de la Consejería ante la Guardia Civil, considera que Rivera rehizo expedientes.

La titular del juzgado de Instrucción 6 de Sevilla considera que el sucesor de Juan Márquez –que a su vez relevó a Francisco Javier Guerrero en el cargo– repartió 42.947.910,24 euros en ayudas de manera irregular, todas en época de Griñán como presidente. En su declaración posterior, Rivera se excusó diciendo que «no sabía» que el procedimiento era ilegal y que nadie en la Consejería de Empleo –ni los servicios jurídicos, ni la Intervención ni el secretario general técnico– se lo advirtió. Sí admitió que tenía en su poder un informe jurídico de Garrigues en el que le señalaba la ilegalidad de las ayudas, trabajo al que le restó trascendencia: «Es una opinión», dijo. Licenciado en Derecho, reconoció que el dinero salía de Empleo sin fiscalización previa, permanente ni control posterior.

Durante la jornada de ayer, aseguró que él se limitaba a «firmar» las resoluciones que le trasladaban. Y tuvo algún roce con la juez: «Yo puedo tener responsabilidad política, pero no penal», esgrimió. Antes, Rivera había recusado a la magistrada, que no aceptó su petición por «extemporánea».

Chaves y Griñán, el 31 de agosto
PSOE e IU, con la oposición del PP, aprobaron ayer el nuevo calendario de comparecientes en la comisión de investigación sobre los ERE en el Parlamento andaluz. Las citas se concentran entre el 21 y el 31 de agosto, al objeto de cerrarla a finales de septiembre y comenzar el nuevo curso político con el tema zanjado. Chaves y Griñán cerrarán la comisión el 31 de agosto, viernes.