El PSOE se lanza al ataque para tapar sus responsabilidades en el caso ERE

Sevilla- El diputado socialista José Caballos subió ayer a la tribuna del Parlamento para aplicar la máxima de que la mejor defensa es un buen ataque. Subió con la encomienda de defender el rechazo de su partido a la creación de un fondo social por las responsabilidades de los ERE, para que el dinero defraudado revierta en las familias sin ingresos, que sí contó con el apoyo de IU y del PP. Esta última era la fuerza proponente de la iniciativa. No pisaba la tarima parlamentaria Caballos en el mejor de los momentos. Ayer mismo se desayunó con la noticia de que uno de sus hijos estaba en nómina, junto a la hija del ex consejero de Empleo José Antonio Viera, en la empresa Marco de Estudios y Proyectos Siglo XXI, implicada en la trama de los ERE.

Caballos tiró de viejo manual. Deslizando, por una parte, las posibles responsabilidades del Gobierno de Aznar en la confección del ERE de la Faja Pirítica de Huelva que investiga la juez Alaya. Y, por otra, apuntando a la posible implicación de una empresa relacionada con la parlamentaria y alcaldesa de Valverde del Camino, Dolores López. El lance acabó en bronca y en insultos. Y probablemente era lo que buscaba Caballos, que no está precisamente recién llegado a los menesteres parlamentarios, desde que tomó la palabra y saludó en tono zumbón la victoria del PP en las últimas elecciones.

El dirigente socialista recordó declaraciones, en 2003, tanto del que fuera subdelegado del Gobierno en Huelva, Carmelo San Martín, como del entonces delegado del Gobierno y ahora alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, para mostrar el papel activo que tuvo el Ejecutivo de Aznar en expedientes investigados. De hecho, de 2003 datan los escritos de un grupo de mineros de la mina de Tharsis remitidos al Defensor que ya alertaban de que había intrusos en los ERE. «¿Exigirán dimisiones, dimitirá Zoido?, ¿quién es la X del ERE de la Faja Pirítica que aprobaron nombre a nombre Zoido y San Martín?», preguntó Caballos, que seguidamente atacó con «Construcciones Mari», vinculada a la familia de la alcaldesa de Valverde y sobre la que también afloraron alertas hace 8 años al haberse presuntamente prejubilado trabajadores que no eran mineros. «Es lamentable que se suba a la tribuna para amenazar sin tener ninguna prueba», aseguró de vuelta el secretario general del PP-A, Antonio Sanz. «No lo iba a sacar» repitió en dos ocasiones después de recordar las informaciones que salpican al hijo de Caballos. «¿Miserable? –respondió a los reproches del socialista desde su escaño–. Lo miserable es usar las ayudas de la Junta para beneficiarse». Sanz argumentó que la empresa vinculada a la alcaldesa de Valverde ni recibió ayudas de la Junta ni recibió fondos para ERE. Por otra parte, señaló que los intrusos entraban «una vez que estaban aprobados los listados y se enviaban a las aseguradoras», poniendo así la pelota en el tejado de la Junta. El broche de la bronca llegó cuando la portavoz parlamentaria del PP, Esperanza Oña, pidió la palabra por claras alusiones y se la denegó Manuel Gracia en nombre de la Presidencia. «No soy diputada socialista, pero me asisten los derechos de esta Cámara», dijo indignada.

La suegra de Guerrero y «Pizo» Gómez, 690.000 euros entre los dos, no declaran
 Acogidos a su derecho a no declarar. Ni Victorina Madrid, suegra de Francisco Javier Guerrero, el ex director general de Empleo imputado; ni el ex futbolista José Antonio Gómez Romón respondieron ayer a las preguntas que había preparado Mercedes Alaya, la juez que investiga la «trama de los ERE». Victorina Madrid cobró dos pólizas, una como prejubilada en la empresa SOS Cuétara sin haber trabajado nunca allí y otra a título individual. En total, 230.076 euros. La Fiscalía Anticorrupción pidió a la magistrada que le imponga una fianza de 265.000 euros.
Por su parte, «Pizo» Gómez recibió 460.742,12 euros, según dijo ante la Policía como pago de una deuda de la Junta con la empresa de su socio. Su intención era la de contestar a las preguntas a la instructora. Pero su abogado, José María Calado, acabó enfrentado con Alaya: la juez le pidió tranquilidad tras comprobar cómo el letrado reclamaba a su cliente que no contestara a una pregunta sobre las 17 cuentas corrientes que posee. Calado se marchó y el ex futbolista fue asistido por otro abogado, que le recomendó no contestar. El que sí declaró fue un «intruso» en el ERE de Saldauto y que culpó a la Junta porque él creía que tenía derecho a cobrar 327.157,3 euros por haber trabajado en Promi.