La ley de muerte digna en el limbo

Sin embargo, la llamada ley de muerte digna tiene sus días contados. El plazo de enmiendas de la ley no comienza hasta el 3 de septiembre. Y las cámaras se disuelven el posterior día 26, fecha límite para que toda legislación se concrete. «La presentación de enmiendas puede abarcar una semana, después se tiene que dar la posterior votación en el Congreso y, unas tres semanas después, el texto ha de ir al Senado, donde también lleva un trámite. Es una ley que va a resultar muy difícil llevarla a cabo», afirma Santiago Díez, portavoz de la campaña «Vida Digna» de Profesionales por la Ética.

 En sus reuniones con grupos parlamentarios, la asociación fue informada de que, incluso con unas elecciones posteriores al 20-N, era «prácticamente imposible» que la legislación pudiera salir adelante. Entonces, ¿por qué el empeño del presidente del Gobierno en afirmar lo contrario? «El anuncio de Zapatero tiene tintes claramente ideológicos. Es algo de cara a su electorado más radical. ‘‘Avisan'' a sus electores de que quieren aprobar esa ley», afirma Santiago Díez.

Herida de muerte
Desde la asociación subrayan que «si hubiera sido una ley de consenso, no necesitarían tanta prisa». Y es que es precisamente la ausencia de acuerdos lo que ha dejado herida de muerte a esta legislación.
«Si hubiera habido un consenso, el texto habría salido adelante en esta Legislatura», coincide Antonio Noguera, subdirector médico del Centro de Cuidados Paliativos Laguna. «Además, hay bastantes leyes que van por delante y que se han de aprobar primero», añade. Noguera señala que el texto «aborda un derecho muy general y no lo concreta», como es el de la disponibilidad de recursos en lo que se refiere a los cuidados paliativos y que «todos los españoles accedan a un servicio de calidad». Porque, cómo sostiene el doctor, «una ley sobre la calidad en el proceso final de la vida tiene que ir por encima del ideario».

En este sentido, Noguera recordó las 36 alegaciones presentadas por la Organización Médica Colegial (OMC) y la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (Secpal) en relación a la ley, de las que sólo una fue aceptada por el Ministerio de Sanidad. Una de las pretensiones de los profesionales sanitarios que quedó en el aire fue la inclusión, en el artículo 11 del texto, del derecho de todos los españoles al acceso equitativo a unos cuidados paliativos integrales de calidad.

Sin embargo, el punto que creó mayor controversia se centraba en el artículo 4. Según el anteproyecto, «como manifestación del derecho a la integridad física y moral», se garantizará el derecho del paciente «a decidir libremente sobre las intervenciones y el tratamiento a seguir», incluidos «los cuidados necesarios para evitar el dolor y el sufrimiento». Así, la «lex artis», o buena práctica médica, quedaría eliminada, de tal forma que el médico tendría la obligación de administrar al paciente una sedación no indicada. Y por tanto, la «mala praxis», la responsabilidad profesional por los actos realizados por negiglencia» quedaría despenalizada. Como recordaban en Profesionales por la Ética, la ley derogaría el artículo 11.3 de la Ley de Autonomía del Paciente de 2002, según el cual el médico debe obedecer las instrucciones previas siempre que no fueran contrarias a la buena práctica médica y el ordenamiento jurídico.

Sin rendir cuentas
No es el único punto conflictivo. La asociación señala al artículo 11 de la ley, que versa sobre el tratamiento del dolor y la sedación, como una vía para las sedaciones irregulares, pues «no establece como límite la buena práctica médica». Profesionales por la Ética también apunta al art. 15, sobre el «respeto a la voluntad del paciente», según el cual las instrucciones previas del mismo «excluyen» de «cualquier exigencia de responsabilidad» a los profesionales sanitarios.

El último colectivo en alzar su voz ha sido la Asociación Estatal de Abogados Cristianos (AEAC) que, tras analizar el anteproyecto, han llegado a una conclusión: se trata de una «hoja de ruta» para la legalización de «facto» del derecho a la eutanasia. La asociación, entidad consultora ante la Comisión Europea y el Parlamento Europeo, ha remitido a estos organismos su análisis de la ley. «El Consejo Europeo y el Tribunal Europeo han dictaminado en repetidas ocasiones que este tipo de legislaciones se presta a abusos y que el Estado ha de proteger la vida», afirman desde la AEAC. Por ello, en el caso de que la ley prosperara, «pediríamos alguna recomendación para el Gobierno español».

Aparte de los artículos ya señalados –afirman que el 6 y el 15 suponen un «derecho ilimitado de la autonomía del paciente» y el «reconocimiento de la sedación terminal como un derecho individual»–, la asociación pone sobre la mesa otros puntos. Como el artículo 7, que hace referencia a los menores de 16 años, en los que el consentimiento se prestará por ellos mismos «sin que quepa» el consentimiento «por representación».

El estudio traza una comparativa con nuestros vecinos europeos. «Falsamente, el proyecto de ley indica que la legislación se inserta en la dirección que marca la política europea, cuando sólo en cuatro países –Holanda, Bélgica, Suiza y Luxemburgo– se acepta la eutanasia». ¿Y cuál fue el resultado? En Holanda, se han producido «mil casos de eutanasia sin consentimiento del paciente» desde 1991, afirma la AEAC. Y en Bélgica, señalan, «el 32% de los casos de ‘‘muerte asistida'' es aplicado sin la petición o consenso del paciente».

¿Qué ocurre con la objeción de conciencia? Desde la asociación se critica las sanciones previstas, como son el cierre de hospitales y clínicas privadas así como multas de hasta 600.000 euros.

Sobre este aspecto se pronunció ayer Atilano Rodríguez, obispo de Sigüenza-Guadalajara. En su carta pastoral, señaló que este derecho «fundamental» no se menciona «en ningún momento». Y «si no se garantiza, el profesional sanitario podría verse abocado a tener que actuar en contra de su conciencia o de sus criterios éticos profesionales».


Otras leyes en el aire
- Ley de igualdad de trato: se trata de uno de los proyectos más polémicos emprendidos por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad y que actualmente está en trámite. El texto se ganó el rechazo de los centros de educación diferenciada, pues los conciertos les eran retirados por «discriminar».
- Ley de servicios funerarios: el Consejo de ministros lo aprobó a mediados de junio con la intención de «simplificar» los trámites administrativos y «abaratar» los costes para los familiares.