Sin rastro de una ayuda que fue a comprar cochinos

SEVILLa- Las polémicas ayudas sociolaborales de la partida 31.L , el «fondo de reptiles», se canalizaron a partir de julio de 2001 a través de un convenio firmado ese mes por Antonio Fernández, entonces responsable del IFA, y el ex consejero de Trabajo José Antonio Viera. Ese convenio expiró en 2003, pero como es conocido y relató ayer el ex director general de IDEA Miguel Ángel Serrano, se prorrogó tácitamente, sin que desde este ente dependiente de la Consejería de Innovación se dudara en ningún momento de la legalidad de este hecho. Fue en 2010, con la salida de Antonio Fernández de la Consejería de Empleo, cuando la Junta quiere retocar el procedimiento para revestirlo de cierta legalidad, aunque la juez ha dejado claro que en esta época siguieron las irregularidades y, entre otras cosas, por eso imputa a los ex directores generales Juan Márquez Contreras y Daniel Alberto Rivera. Empleo canaliza a partir de abril de 2010 las ayudas sociolaborales en virtud de una orden de encomienda de gestión con la agencia IDEA, que es llamativo –así lo puso ayer de relieve el diputado del PP Rafael Carmona– que no se publicara en el BOJA ni pasara por el Consejo de Gobierno. El siguiente paso de normalización es a partir de que estalla el escándalo. La Junta publica una orden, ya en 2011, y esta vez sí en el BOJA, en la que se da transparencia a las ayudas y se exige un control de los expedientes. El director general de IDEA Antonio Valverde aclaró que en estos momentos sí se reúne la comisión de seguimiento del órgano, que no lo hacía antes –lo reconocieron sus antecesores en el cargo: Serrano y Cañete–, y el pago final del 25 por ciento se condiciona a la justificación de la ayuda, que acredita la Consejería competente, un requisito habitual en la administración en el trámite de ayudas.

En este sentido, el diputado del PP Rafael Carmona citó el caso de la ayuda sociolaboral de 440.000 euros que el ex director general de Trabajo imputado Juan Márquez otorgó a la empresa Corvillete y que, según se desprende de uno de los informes de la Guardia Civil elevados a la juez Alaya, fue a parar a la «compra de cochinos». La resolución de concesión de la ayuda tiene fecha 20 de noviembre de 2009, poco antes de que accediera Valverde al cargo y el pago del 75 por ciento (330.000 euros) fue ordenado por Juan Márquez el 1 de diciembre. No tenía ayer Valverde el expediente a mano. «No le quepa la menor duda de que se iniciará un expediente de reintegro si es así», se justificó.

«¿Pagaría la ayuda si fuera para un asesino a sueldo?»
La diputada de IU Alba Doblas, la encargada de su grupo de llevar el peso del interrogatorio a los declarantes en la comisión, dejó ayer varias perlas reseñables. A Jacinto Cañete llegó a preguntarle si ordenaría el pago de las ayudas si supiera que era para un «asesino a sueldo», un «sicario». Cañete no salía de su asombro. Antes le había dicho que le recordaba a «Torrente, el brazo tonto de la ley», en relación a la falta de competencia de la agencia IDEA.