El TJSCV cita a Correa Crespo y «el Bigotes» para una verificación de voz

Según han confirmado a EFE fuentes de este órgano judicial, la comprobación, que no está considerada como una prueba de la causa, se desarrollará ante el secretario judicial y la Policía, tiene como fin verificar que es su voz es la que aparece en las conversaciones telefónicas intervenidas.

La diligencia pericial fue solicitada por el Ministerio Fiscal y la acusación particular, entre otras razones, porque los tres principales cabecillas se negaron a prestar declaración en el TSJCV, que investiga una supuesta financiación irregular del PP y una presunta prevaricación de la Generalitat relacionadas con la trama.

La causa se encuentra divida en tres piezas: presunto delito electoral en los comicios autonómicos de 2007, supuesta falsedad documental en las generales de 2008 y posible prevaricación de la Generalitat en la contratación de Orange Market, empresa de la trama Gürtel dirigida por Álvaro Pérez "el Bigotes".

En relación a las dos primeras, que trata de determinar si hubo actos electorales financiados por empresas a través de facturación falsa, han prestado hoy declaración como imputados los representantes legales de las constructoras Lubasa y Piaf.

El representante de la primera de ellas, Gabriel Alberto Batalla, que se ha negado a responder a las preguntas de la acusación, ha sido interrogado por dos facturas emitidas a Orange Market en 2007 y 2008.

Según fuentes jurídicas, el imputado ha defendido que se trata de facturas "correctas y legales", emitidas por trabajos realizados, y que el importe fue abonado en su totalidad.
En este mismo sentido, Alejandro Pons, representante de Piaf, ha contestado por una factura emitida en 2008 por unas vallas publicitarias que instaló en Castellón por encargo de Orange Market.

El propio Pons ha explicado a los periodistas que su relación con la empresa Orange Market, considerada como filial valenciana de la trama, se limitó a esta instalación, que se desarrolló y se facturó por importe de unos 22.000 euros.

Las declaraciones continuarán mañana con la comparecencia como imputado de Rafael Martínez Berna, expresidente de la patronal alicantina Coepa y representante legal del Grupo Vallalba.