Los informes que pueden derribar a Griñán

El punto de anclaje de esta denuncia son los informes que emitió la Intervención General en 2005, 2006 y 2007 desaconsejando el procedimiento que se estaba llevando a cabo para transferir el dinero de prejubilaciones y ayudas para empresas en crisis. Esto es, desde el convenio firmado en julio del 2001 entre el entonces consejero de Empleo, José Antonio Viera, y el ex director del IFA, Antonio Fernández, las partidas tomaron forma de transferencia de financiación de explotación, sin pasar por el Consejo de Gobierno ni por el BOJA. El motivo esgrimido era «agilizar» los trámites. Sin embargo, la Intervención apostaba por otras fórmulas como la subvención excepcional. Tras una discusión «técnico-política» –fue la palabra empleada por la consejera de Presidencia, Mar Moreno– el modelo elegido siguió adelante. La Intervención General de Hacienda depende de la Consejería de la que entonces era el máximo responsable José Antonio Griñán, por lo que conoció de primera mano esos informes.

Griñán ha defendido en varias ocasiones que los informes, que no son vinculantes, mostraban simplemente una discrepancia respecto al modelo elegido para vehicular las partidas, pero que en modo alguno se trataba de fondos ilegales. El PP, sin embargo, cree que el resultado de esos informes que la Junta de Andalucía sólo pone a disposición del juzgado y que veta a los partidos de la oposición, puede poner en serios apuros al jefe del Ejecutivo andaluz.

«A lo mejor, cuando se conozcan los resultados de los informes (Griñán) no puede continuar ni un minuto como presidente», sugirió ayer el líder del PP-A, Javier Arenas, en un acto de partido en Sanlúcar la Mayor (Sevilla).

Estos informes forman parte del amplio paquete de información que el PP reclamó a través de la Cámara hace dos semanas. Otros documentos son los expedientes administrativos íntegros de las ayudas concedidas a empresas con ERE o las alegaciones que presentó la Consejería de Empleo a los informes de la Intervención General de la Junta, negándose a cambiar el modelo de transferencia de las ayudas.

El consejero de Empleo, Manuel Recio, comparecerá el jueves en comisión parlamentaria para dar cuenta de los ERE. Los informes de la Intervención serán uno de sus huesos duros.


Abocado a los tribunales
El pasado 19 de febrero el Partido Popular anunció que registraría en el Parlamento una petición masiva de información sobre los ERE. A los informes de Intervención le acompañaban al menos otros ocho documentos. Si no tenía respuesta en un plazo de 15 o 20 días acudiría a los tribunales. Una vía a la que este partido está abocado, teniendo en cuenta la opacidad con la que la Junta está gestionando el escándalo de los ERE. Hasta en cuatro ocasiones ha rechazado el PSOE una comisión de investigación en la Cámara.