El PSOE se niega a que el Congreso sea el que inste la ilegalización de ANV

MADRID- Último encuentro parlamentario, última bronca y último desencuentro. La reunión de ayer de la Diputación Permanente es la última que podrá celebrar la Cámara en esta Legislatura. El próximo lunes, Zapatero disolverá las Cortes, y la próxima vez que éstas se reúnan lo harán con otros diputados. Confiemos que lo haga también con otras formas. Porque la sesión de ayer resultó tan idéntica a otras de esta Legislatura, en contenido y en dialéctica, que podríamos reproducir cualquier acta taquigráfica de los últimos cuatro años y creerían que no ha pasado el tiempo. No ha pasado porque la política antiterrorista sigue siendo elemento de disputa, porque los exabruptos republicanos siguen siendo los mismos, y porque los consensos se mantienen hechos trizas. Nada se ha avanzado.

Ayer, Eduardo Zaplana pedía al Gobierno que convocase un pleno extraordinario para instar a la ilegalización de ANV. Pretendía recuperar el consenso que, en agosto de 2002, permitió la ilegalización de Batasuna y usar el mismo procedimiento que entonces para sacar de la legalidad al brazo político de ETA. Más claro: que fuera el Parlamento quien acordase dejar fuera de juego a los amigos de los asesinos. Se cargó para ello de razones: la necesidad de recuperar el prestigio de la misma Cámara que abrió la puerta a la negociación con los terroristas; que se utilizase un cauce previsto en la ley; que hay elementos de juicio suficientes para hacerlo... Lo pidió por activa y por pasiva. «No sería razonable que se ilegalizase ANV sin unidad, y sin permitir que nos pronunciemos favorablemente enmendando decisiones anteriores», dijo en su primer intento. «Ustedes (al PSOE) que tanto han reclamado la unidad, tienen una ocasión hoy, y les pido que la aprovechen, es la última vez que pueden hacerlo», insistió en su segundo intento. Hubo un tercero: «Tenemos que enviar a los terroristas un mensaje claro de unidad sin fisuras: que vamos juntos a por ellos con todos los instrumentos del Estado de Derecho».

Sus palabras se perdieron en el vacío porque el socialista López Garrido invocó para rechazar su propuesta las dos investigaciones abiertas, una en la Audiencia Nacional sobre los vínculos de esa formación con Batasuna, y otra de la Fiscalía General del Estado sobre la posible aplicación de la Ley de Partidos. Su versión es que aún no hay pruebas suficientes, y que la insistencia del PP responde a «su desprecio por el Estado de Derecho». Similares argumentos utilizó el resto de grupos, que fueron muy críticos con Zaplana y el PP. Primero, Llamazares, que le tachó de «oportunista», y luego EA, CiU y PNV, que cuestionaron la propia Ley de Partidos. Ninguno igualó en dureza al independentista Joan Tardá, que se solidarizó con los batasunos, y en un delirio dialéctico negó legitimidad al PP «por tener un presidente de honor, Manuel Fraga, manchado de sangre». Sus palabras dieron lugar a una áspera disputa con los populares, y a una bronca con Carmen Calvo para que se retirase semejante afirmación. La ex ministra hacía funciones de presidenta porque Marín estaba ausente, y amenazó incluso con expulsar a Zaplana. Al final, no constaron en acta los exabruptos de Tardá. Al menos, PP y PSOE votaron juntos para impedir que Rubalcaba explicase en el Congreso las detenciones de los dos etarras detenidos en Mondragón que han denunciado torturas. Algo es algo.

También el presidente del PP, Mariano Rajoy, insistió desde Bilbao al Gobierno que abandone ya «la ambigüedad» y proceda a ilegalizar a ANV como «brazo político de ETA».