Luz verde en Argentina a la Ley de Emergencia de Alberto Fernández

Un megaproyecto con superpoderes y más impuestos que agranda “la grieta” argentina. El presidente Alberto Fernández superó su primera prueba de fuego al lograr los votos suficientes de la Cámara de Diputados para declarar una emergencia económica 10 días después de haber asumido un país en crisis. La ley recibió la aprobación de 134 diputados -del oficialismo y otros bloques- frente a la negativa de 110 opositores, tras 18 horas de debate.

Esta Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva tiene todavía que ser ratificada por el Senado, de mayoría peronista, que sesionó de forma extraordinaria. “Hay apoyo en el Senado para que salga la ley este viernes”, dijo el senador oficialista Alfrendo Luenzo. Sin embargo, de nuevo la paridad de escaños podría truncar los planes peronistas. El oficialismo tendrá que aunar a todos sus aliados y disidentes de Cambiemos para sobreponerse a la oposición, con mayoría en la Cámara. Se trata, además, de la primera sesión que encabezará Cristina Kirchner como presidenta del Senado.

La extensa nueva ley intenta poner remedio el aumento de la pobreza (40% de la población), la recesión (-3,1% de caída del PIB en 2019), la deuda (que ronda el 90% del PIB) y la inflación (55% anual) con alzas de impuestos a sectores de las clases altas y medias, ensambladas con un plan de incentivos a la producción industrial y el comercio.

Esta ley es la primera gran medida que impulsa el Gobierno de Alberto Fernández, con la que pretende afrontar la “dramática situación económica y social” que, según se especifica en el documento, atraviesa el país, en recesión desde 2018. Para ello incorpora alzas impositivas para las clases medias y altas, pero también a los jubilados de forma indirecta.

En su turno, Máximo Kirchner, como presidente de la bancada del Frente de Todos –peronista-, dijo: “Superpoder es pensar que la inflación se resolvía con un chasquido de dedos. Esos son los que se creen que tienen superpoderes. Más allá de la verborragia, los tonos y la infundía, los números son números”.

Concesiones de última hora

El Gobierno debió hacer concesiones para lograr su aprobación. Ya en la previa al debate, eliminó el artículo 85 –que le daba amplias facultades al Presidente para reformar organismos del Estado- y durante la jornada aceptó modificaciones en los dos temas más sensibles: la suspensión de la movilidad en las jubilaciones y el incremento de las retenciones al agro.

El proyecto eleva al 33% el tope para la alícuota –impuestos volubles- de derechos de exportación de la soja, un 15% para el maíz y un 5% para las economías regionales que defina el Ejecutivo. Para destrabar ese punto, el Presidente adelantó temprano un cambio importante: establecer mecanismos de compensación para pequeños productores y cooperativas. Hay que tener en cuenta que en el 2008 la crisis del campo casi tumba al gobierno de la entonces mandataria Cristina Kirchner, quien pretendía aumentar las retenciones al 35%. Ahora la cifra queda muy igualada. Por ahora el “todopoderoso” agro calla, pero el nuevo gobierno ya se ganó un nuevo enemigo.

El texto también suspende la fórmula de movilidad jubilatoria sancionada a fines de 2016, hasta que se elabore un nuevo sistema, aunque no involucrará a docentes, científicos y judiciales. Esta ley iguala las subidas de las pensiones, dependiendo de la inflación. A largo plazo no se sabe si los jubilados perderán o ganarán con esta nueva ley –por ahora son los grandes perdedores-. Eso sí, se aprueba un bono de Navidad de 70 euros -5.000 pesos- para las jubilaciones más bajas.

Además se fija un 30% para la compra de dólares para atesoramiento, compras en el exterior, y compra de billetes al exterior, sin embargo si los argentinos abonan en pesos y viajan a países limítrofes estarán exentos de este “tarifazo”. Y de fondo esa megadeuda contraída con el FMI, impagable por ahora. Veremos si Fernández con sus nuevos poderes es capaz de campear la crisis. “El reloj de arena” empezó a contar.