Guatemala

Giammattei, el nuevo presidente de Guatemala que quiere reimplantar la pena capital

La legislatura comienza marcada por la preocupaciones sobre la laxitud del mandatario con la corrupción

El presidente electo de Guatemala, Alejandro Giammattei, a la izquierda, asiste a un ensayo de su ceremonia de juramentación en el Teatro Nacional,
El presidente electo de Guatemala, Alejandro Giammattei, a la izquierda, asiste a un ensayo de su ceremonia de juramentación en el Teatro Nacional,Moises CastilloAP

El presidente electo de Guatemala, Alejandro Giammattei, recibirá hoy el "bastón de mando” de manos de su predecesor, Jimmy Morales. Las promesas de Giammattei para encauzar la terrible situación violencia, corrupción y pobreza convencieron al electorado, que le dio su apoyo en la segunda vuelta de las presidenciales del 11 de agosto.

Este cirujano de 63 años es normalmente descrito como una persona conservadora, autoritaria y de carácter fuerte, algo que queda reflejado en sus aspiraciones de reactivar la pena capital para hacer fuerte al crimen.

Su programa de Gobierno quedó articulado -de forma bastante imprecisa- en el “Plan Nacional de Innovación y Desarrollo”, que se estructura por un lado, en la restauración del Estado de Derecho, llevando a cabo una política de “mano dura” contra el tráfico ilegal de personas, drogas y armas (principales fuentes de ingresos del crimen). Así como la implementación de una política económica “capaz de atraer inversiones y generar una mayor cantidad de empleos".

Y es que, para el nuevo presidente, la violencia y el desempleo son los principales impedimentos para que los guatemaltecos puedan desarrollarse en su propio país. Un problema que afecta con especial dureza a los jóvenes, que al verse sin perspectivas laborales, se vuelven especialmente vulnerables y son reclutados por las pandillas.

Para gran parte del electorado, la mayor carencia en el programa de Alejandro Giammattei es una apuesta fuerte por la lucha contra la corrupción que -junto con la violencia y la pobreza- constituye uno de los grandes problemas que aquejan al país.

Las preocupaciones sobre la laxitud del presidente contra la corrupción aumentaron cuando secundó la decisión de su predecesor, Jimmy Morales, de desarticular la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Una institución dependiente de Naciones Unidas que llevaba 12 años en el país centroamericano para destapar las estructuras criminales ocultas en el Estado.

El ex presidente Morales, que llegó al Ejecutivo gracias al “voto protesta” contra la corrupción, terminó con la actividad del organismo cuando este comenzó una investigación en su contra por la supuesta financiación ilegal de sus gastos de campaña, que también implicaba a su hermano y a su hijo.

El nuevo presidente también tuvo un encontronazo con el CICIG en 2010, cuando inició una investigación en su contra por la operación “Pavo Real”, que tenía como objetivo reprimir un motín carcelario cuando Giammattei era director del Sistema Penitenciario de Guatemala (2005 y 2007). El CICIG acusó al presidente por abuso de autoridad y por la ejecución extrajudicial de siete reclusos. La Fiscalía no pudo probar su culpabilidad, por lo que el dirigente conservador quedó en libertad tras una estancia de 10 meses en prisión.

Otro de los retos que deberá enfrentar Giammattei durante su legislatura será “la cuestión migratoria”. El presidente ya se mostró abiertamente en contra del acuerdo firmado entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y Morales el pasado 26 de junio, por el que Guatemala pasaría a ser considerado “tercer país seguro” para los migrantes deportados de Estados Unidos procedentes de El Salvador y Honduras . Según expresó a Associated Press, la calificación de “tercer país seguro” no puede aplicarse al país centroamericano: “no cabemos en esa definición” (...) “Si aquí no tenemos capacidad con los propios, imagínese a los ajenos”, se quejaba Giammattei. Por este motivo, el presidente prometió las negociaciones con su vecino del norte bajo la amenaza de sanciones económicas.