Bolton y Lewinsky: la guerra por los testimonios

La presidenta del Congreso, Nancy Pelosi, anunció ayer que finalmente el Congreso votará este miércoles para elegir a los abogados que llevarán el caso del «impeachment» en el Senado. Cede también y envía los dos artículos, obstrucción al Congreso y abuso de poder, de los que se acusa a Donald Trump. El suyo será el tercer juicio político de un presidente en la historia de EE UU.

Durante semanas Pelosi negó cualquier posibilidad de informar al Senado; no, al menos, hasta que el republicano Mitch McConnell, líder de los republicanos, aceptara negociar las reglas del juicio. Pero el veterano político no cedió, consciente de que tenía de su lado tanto la normativa como la mayoría, y a ella no le ha quedado más remedio que rendirse. En un comunicado, Pelosi ha denunciado que un juicio sin testigos ni documentos equivaldría a un «puro encubrimiento político». Considera que «McConnell y el presidente temen que salgan a la luz más hechos», expresa su convicción de que el «pueblo estadounidense merece la verdad» y de que la «Constitución exige un juicio».

Palabras que pueden añadirse a las que pronunció en una entrevista concedida el fin de semana a la ABC. «Siempre dije que los enviaría», insistió, refiriéndose a los artículos del «impeachment», «Lo que queríamos y creemos que logramos es que público comprendiera la necesidad de testigos, unos testigos con conocimiento de primera mano de lo que sucedió, así como la documentación que el presidente ha impedido que el Congreso revise». En realidad no está en absoluto claro que el público haya visto otra cosa que el enésimo circo bipartidista. Por mucho que Pelosi pueda alardear de que está cada vez más próxima la posibilidad de que entre los que comparezcan en el Senado figure nada menos que John Bolton. Y no sería el único peso pesado en comparecer. De hecho los medios también especulan con que sea convocado el jefe de personal de la Casa Blanca, Mick Mulvaney.

Para que esto suceda, para que Pelosi obtenga una victoria insospechada y el «impeachment» sea algo más que un trámite ultrarrápido, es necesario que al menos tres senadores republicanos voten junto con sus colegas demócratas. Uno de ellos, Mitt Romney, ya ha declarado que le gustaría ver a Bolton en el Senado. Pero serían necesarios otros dos. El propio Bolton, despedido por Trump cuando arreciaron las críticas al presidente por actuar con molicie, o excesiva suavidad, en Oriente Medio, concluyó hace días que «he estudiado y resuelto los problemas de incompatibilidades y he concluido que si el el Senado emite una citación estoy preparado para testificar».

La comparecencia de algunos testigos quebraría el espinazo del proceso urdido por McConnell, que incluso habría logrado convencer a Trump, otrora encantado de transformar el juicio en un circo televisivo, para que todo fuese visto con la mayor celeridad. Sin tiempo a sorpresas, sin preguntas incómodas ni testigos impredecibles, sin estudiar nuevos documentos ni registros telefónicos. Sin arriesgarse, en suma, a encontrar nuevas sorpresas. Pero la idea acariciada desde el Despacho Oval en los últimos días, esto es, que el Senado vote para no admitir a trámite los dos artículos, parece cada vez más improbable. No es sólo que los republicanos podrían carecer de la mayoría necesaria. Es que la opinión pública difícilmente aguantaría que el «impeachment» se resuelva por la gatera. Los republicanos menos alineados con la tesis de absolver sin más al presidente, los mismos que afrontan un otoño caliente, con sus propios escaños jugándose por un puñado de votos, necesitan algo más que una absolución sin juicio. Más bien unas sesiones tranquilas para rematar con un voto favorable al presidente. La idea de escuchar a Bolton, por leal que se muestre al presidente, podría alterarlo todo. Normal que más de un comentarista recuerde la presión republicana en 1999 por conseguir que Monica Lewinsky fuera interrogada en el Senado durante las sesiones del juicio a Bill Clinton. Por supuesto los demócratas se negaron.