Luis Lacalle asume el poder en un Uruguay amenazado por la crisis y la inseguridad

Los desafíos del nuevo Gobierno harán de su mandato un campo de minas. El Rey Felipe VI acude a la ceremonia en representación de España junto a otros líderes suramericanos

El rey Felipe VI de España se reúne con el presidente entrante de Uruguay, Luis Lacalle Pou
El rey Felipe VI se reunió con el nuevo presidente Uruguay, Luis Lacalle Pou, antes de la toma de posesiónFederico AnfittiEFE

En Uruguay Luis Lacalle Pou ha tomado este domingo posesión del mando en un acto en el Congreso arropado por jefes de Estado y el Rey de España, Felipe VI. El país suramericano siempre ha sido conocido por su prosperidad y tranquilidad dentro de una región convulsa y un “vecino-hermano” como Argentina que siempre presenta vaivenes. Es por tanto considerada un ejemplo en el Cono Sur. Sin embargo, no es “oro todo lo que reluce” y la perla uruguaya comienza a “agrietarse”.

Lacalle Pou no la tendrá fácil. El Frente Amplio llegó al poder como un partido consolidado, tras pasar muchos años en la oposición. En sus 15 años de gobierno, cosechó éxitos y dejó algunas cuentas pendientes, pero tuvo la suerte de atravesar el ciclo de mayor expansión económica de la historia latinoamericana.

Pero el punto de partida del nuevo Ejecutivo es muy diferente. Lacalle Pou lidera el Partido Nacional -de derechas-, que quedó segundo en la primera vuelta, a diez puntos de distancia del Frente. Si ganó la segunda vuelta del 24 de noviembre fue gracias a la Coalición Multicolor que construyó sobre la marcha con quienes quedaron tercero y cuarto: el Partido Colorado y Cabildo Abierto.

Esa sociedad, que a partir de este hoy empieza a ser una coalición de gobierno, está aún en gestación. Mientras, calibra las relaciones con sus aliados, que tienen visiones e intereses contrapuestos en muchas áreas.

Retos complicados

Entre todos los desafíos que tiene por delante Lacalle Pou, hay tres que sobresalen: su capacidad para mantener unida a la alianza, la gestión de una economía que necesita cambios con cierta rapidez y su efectividad para responder a una de las principales preocupaciones de los uruguayos, la inseguridad.

El PIB uruguayo creció el 67% a precios constantes entre 2005 y 2018, según datos de la Cepal. Fue una expansión muy significativa que, de la mano de una política salarial y social generosa por parte de los gobiernos del Frente Amplio, permitió una mejora ostensible de la calidad de vida de la mayoría de las personas en el país. Uruguay consolidó en estos años su lugar como la nación más igualitaria y con menor índice de pobreza de América Latina.

Sin embargo, muchas de las mejoras terminaron en el último quinquenio, que se caracterizó por un estancamiento cada vez más pronunciado. Entre 2015 y 2019, Uruguay tuvo un crecimiento medio de apenas el 1,3% anual. Al mismo tiempo, la inflación promedió un 8% al año, mucho menos que Venezuela y Argentina, pero bastante más que el resto de los países latinoamericanos.

Dentro de los márgenes de maniobra que existen, van a apostar a incentivar la iniciativa privada y a tratar de reducir lo que sea posible el gasto público, un 5% PIB, una promesa muy importante. Pero no hay muchos lugares donde cortar, porque el aumento se dio principalmente en salud y educación. Sería muy impopular.

Si la desaceleración económica es una de las razones que llevaron a la derrota electoral del Frente, el aumento de la criminalidad es la otra. Sin dudas, el mayor fracaso de su gestión hay que buscarlo en la política de seguridad.

Los asesinatos alcanzaron un récord en 2018, cuando se registraron 414, un 45,8% más que en 2017. La tasa de homicidios, que era de 5,6 cada 100.000 habitantes en 2005, se duplicó y terminó en 11,2. El año pasado cerró con 342 muertes violentas y la tasa bajó a 9,8 homicidios cada 100.000 habitantes, pero es la tercera más alta de Suramérica, muy lejos del 2,6 de Chile o del 5 de Argentina. Sin embargo sus aliados se oponen a la eliminación de las salidas transitorias para los homicidas y a los juicios abreviados para delitos con penas superiores a los tres años de cárcel.