Andrés Manuel López Obrador
La deriva militarista de López Obrador
Un Ejército omnipresente. A pesar de que en campaña AMLO prometió que los militares mexicanos volverían a los cuarteles, el presidente ha concedido a las Fuerzas Armadas parte de todos los grandes proyectos de su Gobierno
Al final de una reciente gira por los estados más violentos de México el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un anuncio que puso patas arriba su Gobierno: los puertos y las aduanas del país pasaban a estar bajo control de los militares. Las consecuencias fueron inmediatas. El veterano secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, presentó su dimisión ese día al perder importantes competencias en favor de unas Fuerzas Armadas que no paran de acumular poder desde que AMLO es presidente.
A pesar de que en campaña prometió que los militares volverían a los cuarteles y criticaba con fiereza la guerra del estado contra el narco, López Obrador ha reafirmado la participación del Ejército en tareas policiales y ha ido mucho más allá. Les ha dado una parte de todos los grandes proyectos de su administración.
En la hemeroteca hay multitud de ejemplos que señalan la postura que López Obrador mantuvo durante años respecto a las Fuerzas Armadas. En 2010 cuando estaba en la oposición dijo que “no es con el Ejército como se pueden resolver los problemas de inseguridad y de violencia” y según su criterio de entonces había que “cuidar que no se utilice para suplir las incapacidades de gobiernos civiles”. En la misma alocución se mostraba en contra de “otorgar facultades excesivas al Ejército”.
Dos años después, en la precampaña a la presidencia se comprometió a devolver al Ejército a los cuarteles en seis meses si salía elegido. Más recientemente, en el programa electoral que le aupó a la presidencia en 2018 puede leerse en uno de los puntos: “Las Fuerzas Armadas no deben ser usadas en funciones civiles o para reprimir a los movimientos sociales”.
Una vez en el Gobierno, el camino de AMLO ha sido el opuesto, los militares siguen en las calles y tienen más atribuciones que nunca. El último episodio ha sido el de los puertos y aduanas, pero antes hubo muchos más. Respecto a la seguridad, es la secretaría de la Defensa Nacional quien de facto tiene el mando de la Guardia Nacional, el nuevo cuerpo creado para combatir la profunda crisis de violencia. Aunque administrativamente está bajo el paraguas de la secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (civil) son los militares los que mandan en casi todo. Más del 70% de los efectivos son ex militares, el jefe del cuerpo es un general retirado de la SEDENA y todos los comandantes provienen de las Fuerzas Armadas, que también controlan el presupuesto y los centros de reclutamiento.
Por si quedaban dudas el 11 de mayo, en plena pandemia de coronavirus, López Obrador firmó un decreto que autoriza a la Marina y al Ejército a realizar labores de seguridad pública como realizar detenciones y custodiar escenas del crimen. El presupuesto de ambas dependencias ha aumentado respecto al último año de su antecesor, Enrique Peña Nieto.
La idea de AMLO que sostiene esta dinámica es que las Fuerzas Armadas son disciplinadas e íntegras, “pueblo uniformado”, mientras que instituciones civiles como la Policía Federal y el Servicio de Administración Tributaria, que hasta ahora manejaba las aduanas, están llenas de corrupción y cooptadas por el crimen organizado.
Cada vez que a López Obrador le surge un problema importante envía a los militares a solucionarlo. Les ordenó la custodia de instalaciones petroleras y oleoductos para combatir el robo de combustible y desplegó miles de efectivos en las fronteras norte y sur para detener migrantes cuando el flujo se hizo tan intenso que Washington le dio un ultimátum.
Sin embargo, hay múltiples evidencias de los desmanes del Ejército y la Marina en las últimas décadas y especialmente desde que el ex presidente Felipe Calderón ordenó despliegues masivos para combatir al narco. El ejemplo más claro es la matanza de Tlatlaya, en 2014 en el Estado de México, en la que entre 8 y 15 personas fueron presuntamente asesinadas por soldados cuando ya estaban rendidos después de un intercambio de disparos. A pesar de los testimonios de testigos ningún responsable ha sido condenado. También queda por aclarar el papel que jugó el ejército en la desaparición más conocida de los últimos años, la de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Desde 2006, cuando empezó la “guerra contra el narco” hay más de cien señalamientos contra miembros de las Fuerzas Armadas por violaciones de derechos humanos como asesinato, tortura y desaparición forzada.
Para el académico Fernando Escalante“regresar el Ejército a los cuarteles es una frase hecha, que se repitió hasta la saciedad desde que el presidente Calderón cambió la estrategia de seguridad. Es algo que han dicho todos los candidatos de todos los partidos durante años. No quiere decir nada. Es decir, no podemos suponer que hubiese una convicción profunda al respecto”, dice a LA RAZÓN y destaca el hecho de que López Obrador no ha presentado una verdadera estrategia de seguridad y “no está explicando dónde se va a desplegar el Ejército y la Guardia Nacional, con qué objetivos ni con qué criterios de evaluación”.
Fuera de la seguridad las Fuerzas Armadas han ganado atribuciones en los proyectos prioritarios del sexenio actual. Están encargados de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, la alternativa impulsada por AMLO tras cancelar el macroproyecto de su antecesor, y tienen asignados dos tramos del Tren Maya, una línea férrea que conectará el sureste del país. Además, los militares están construyendo las 2.700 sucursales del Banco de Bienestar mediante el cual va a repartir ayudas sociales a los más desfavorecidos, que a la vez componen su base electoral.
“Desde el gobierno de Felipe Calderón ha habido en el país una inercia centralizadora, cuya estrategia más visible es la presencia del ejército. Lo único que se ha hecho recientemente es acentuar la tendencia”, señala Escalante. “para controlar mediante el Ejército las obras de infraestructura, la generación de energía, la distribución de combustible, el gasto social, la red financiera alternativa del Banco del Bienestar, y ahora el control del comercio marítimo y aéreo. En los hechos, significa un movimiento de centralización como no se había visto desde el siglo diecinueve”, concluye el académico.
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