La UE expulsa a la embajadora de Venezuela

Su nombre es Claudia Salerno, y hasta ahora tenía tres cargos asignados por el régimen de Nicolás Maduro. Desde 2015 ejerce en Bruselas como representante diplomática de Venezuela ante Bélgica, Luxemburgo y la Unión Europea, pero esa última responsabilidad ya la ha perdido.

Este jueves, el Consejo de la Unión Europea decidió, en aplicación de la reciprocidad diplomática, declarar como “presona non grata” a Salerno como respuesta a la decisión similar tomada el miércoles por Nicolás Maduro con respecto a la embajadora Isabel Brilhante.

En el comunicado que informa su decisión, la Unión Europea afirma que la declaración de Caracas es contraria a los objetivos del bloque de desarrollar relaciones diplomáticas y construir alianzas con terceros países.

Salerno, no obstante, no deberá abandonar Bruselas. En la capital belga se desempeña como representante de Maduro ante Bélgica y Luxemburgo, por lo que, por ahora, podrá mantenerse en esa ciudad desempeñando tales funciones. Eso sí, no podrá ingresar a instalaciones pertenecientes a la Unión Europea.

En Caracas, entretanto, se mantienen las alertas ante una posible escalada en el conflicto diplomático entre la revolución chavista y los países del viejo continente, particularmente los embajadores de España, Francis, Países Bajos y Alemania, que ya fueron advertidos por el régimen de Maduro de que pudieran ser expulsados también.

La Unión Europea declaró este jueves “persona non grata” a la jefe de la misión de Venezuela ante el bloque comunitario, Claudia Salerno, después de que Venezuela hiciera lo propio con la embajadora europea en el país latinoamericano, la portuguesa Isabel Brilhante, en respuesta a las sanciones aprobadas por el bloque comunitario contra 19 funcionarios.

“La Unión Europea considera que esta declaración está completamente injustificada y es contraria al objetivo de la Unión de desarrollar relaciones y construir asociaciones en terceros países”, asegura el Consejo en un comunicado.

Mientras, Isabel Brilhante mantiene su bajo perfil, el mismo que habitualmente la caracteriza. No se le ha visto públicamente ni ha declarado desde que recibió este miércoles una carta de expulsión del país de las manos del canciller del régimen chavista, Jorge Arreaza. Ahora, la expectativa es si el gobernante dejará sin efecto la expulsión de Isabel Brihante Pedroza, como ya ocurrió en julio de 2020, o si cumplirá con su amenaza de deshacerse también de los embajadores de España, Francia, Alemania o Reino Unido quienes, según fuentes del Ministerio de Exteriores venezolano confirman a LA RAZÓN, recibieron un plazo de 72 horas también para demostrar que su actitud con respecto al chavismo «cambia».

Brilhante aún está en Venezuela, al menos hasta el cierre de esta nota, mientras corren las 72 horas que recibió de plazo para abandonar el territorio. Por ahora, en oídos sordos ha caído la petición del bloque europeo para que el régimen venezolano reconsidere la medida. La noche del miércoles, de hecho, Nicolás Maduro reiteró que su decisión se fundamentaba en el respeto a la soberanía luego de que al bloque de los Veintisiete «le dio un ataque de locura y vino a agredirnos. Nosotros estábamos tranquilos». «Nosotros no queríamos hacer esto, lo hacemos en contra de nuestra voluntad, incluso. Queríamos mantener las mejores relaciones con toda Europa, pero no podemos permitir que vengan a agredir a Venezuela», dijo Maduro.

Amenaza con la ruptura total

En este sentido, amenazó al bloque europeo con cancelar permanentemente cualquier tipo de contacto. «O rectifican, o con ustedes no hay más nunca ningún tipo de trato, señores de la Unión Europea», insistió. Entretanto, las reacciones se suceden. Activistas de la sociedad civil y varios analistas han destacado el posible impacto negativo que tendrá esta decisión en materia humanitaria.

Desde el año pasado se ha informado que los países europeos financian el 40% de la ayuda humanitaria que necesita Venezuela, según la Asamblea Nacional y activistas humanitarios. Si la UE deja de actuar en el país, el ingreso y distribución de esa ayuda será más accidentado, pues se haría muy fragmentada y por tanto menos efectiva. Julio Borges, comisionado para las relaciones exteriores del gobierno encargado de Juan Guaidó, dijo que «el cierre de las oficinas de la UE provocaría la suspensión inmediata de programas de ayuda humanitaria, lo cual afectaría a cientos de ciudadanos venezolanos que hoy sufren las consecuencias del Estado fallido de Maduro».

Todo ello sin tomar en cuenta el impacto en términos políticos. La Unión Europea no solamente ha servido como interlocutor de venezolanos sobre la crisis venezolana, sino que forma parte fundamental del Grupo Internacional de Contacto que agrupa apoyos diplomáticos de distintos países también latinoamericanos para lograr escenarios electorales negociados en Venezuela.

Durante 2020 Nicolás Maduro insistía en que su interés era mantener puentes abiertos con Europa de cara a cumplir un objetivo de la revolución: «que el mundo escuche la verdad de Venezuela».

Hace apenas diez días decía que apelaba a un «nuevo comienzo» con el viejo continente, recalcando que «tenemos embajadores, encargados de negocios de Europa, tenemos embajadores de Venezuela en muchos países de Europa, nuestras embajadas las hemos podido preservar pese al huracán trumpista».