El terrible secuestro y asesinato de la joven Sarah Everard el pasado 3 de marzo presuntamente a manos de un agente de policía, ha revolucionado la esfera política y social de Reino Unido. Un caso que ha vuelto a poner de relieve el peligro que atraviesan las mujeres al volver a casa por la noche y, a su vez, ha hecho temblar el prestigio de la Policía británica.

Tras conocerse la semana pasada que el cuerpo de la ejecutiva de 33 años había sido encontrado sin vida en un bosque a las afueras de Londres, las redes sociales se llenaron de testimonios de mujeres relatando el temor que sienten cada vez que andan solas por la noche, cómo llevan las llaves en la manos, fingen hablar por el teléfono, o incluso que se calzan zapatillas de deporte por si necesitan salir corriendo.

Pero esta reacción solo fue el comienzo, ya que el pasado sábado 13 de marzo miles de mujeres se concentraron en Clapham Common (sur de Londres), donde desapareció Sarah Everard, en una vigilia celebrada ante la imposibilidad de celebrar una manifestación por las medidas anti-covid.

Scotland Yard en el punto de mira

La concentración, a la que incluso acudió Kate Middleton, mujer del príncipe Guillermo, fue duramente reprimida por la Policía, lo que levantó gran indignación sobre Scotland Yard, pidiéndose incluso la destitución de la comisaria principal de policía, Cressida Dick, algo que Boris Johnson ha rechazado. por el momento.

A pesar de la dura reacción ante la vigilia, las protestas y concentraciones en honor a Sarah se han continuado sucediendo durante toda la semana en varias localidades de Reino Unido, pidiendo mayores medidas de protección para las mujeres, así como la necesidad de depurar responsabilidades por la intervención policial del sábado.

Y, es que, este caso coincide con la votación estos días en el Parlamento de una controvertida ley que afecta precisamente a estos dos temas. La “Ley de Policía, Criminalidad, Sentencias y Tribunales”, que en principio iba a ser aprobada esta semana, contiene medidas para endurecer las sentencias relacionadas con las violaciones y otros delitos sexuales, así como dificulta que las penas de los condenados por estos crímenes puedan ser acortadas.

Sin embargo, a su vez, y de ahí la polémica, esta legislación supone también otorgar mayores poderes a la Policía durante las protestas y manifestaciones. Los agentes podrían, por ejemplo, imponer una hora de inicio y finalización a las concentraciones, así como establecer “límites de ruido”. Las consecuencias para los manifestantes pasarían por multas de alrededor de 3.000 euros, aunque podrían llegar incluso a penas de hasta diez años de cárcel.

Precisamente parece que las protestas y movilizaciones acontecidas durante la última semana podrían haber paralizado la aprobación de esta legislación, tal y como asegura el diputado laborista Peter Kyle. En un principio, la oposición laborista había planeado abstenerse, pero el impacto social causado por los enfrentamientos en la vigilia, ha provocado que el partido liderado por Keir Starmer haya decidido votar en contra de la normativa.

“Reclamemos estas calles”

El movimiento, que lleva el lema “Reclamemos estas calles”, ha sido encabezado principalmente por asociaciones feministas como Sisters Uncut, la cual se felicitaba por el posible aplazamiento de esta ley. “La pasada semana ha demostrado que las protestas funcionan. Es por esto por lo que quieren prohibirlas, y es por lo que estamos luchando”, aseguraba su portavoz.

Sin embargo, la demora parece que no afectará a las medidas que buscan proteger a las mujeres y evitar casos como el de la joven Sarah. El Gobierno de Boris Johnson ha cedido a las demandas de las activistas y ha anunciado que la misoginia será catalogada como un crimen de odio por la Policía dentro del proyecto de Ley de Abuso Doméstico.

A partir de otoño, se pedirá a los agentes que registren e identifiquen los delitos de violencia, incluido el acecho y los delitos sexuales, que la víctima considere que han sido causados por “hostilidad basada en su sexo”. Ocho de cada diez mujeres dicen haber sido acosadas en público, pero el 90 por ciento no lo denuncia porque no cree que se vaya a perseguir.

Además, las nuevas medidas anunciadas por el Gobierno de Johnson incluyen algo más de 29 millones de euros adicionales para invertir en una mejor iluminación de las calles y un sistema de vigilancia por cámaras de seguridad CCTV, así como un plan para desplegar a agentes de policía vestidos de civil en pubs y clubes de todo Reino Unido.