La violencia desborda Colombia

En Colombia se han desatado varios demonios. Las protestas sociales han conducido a una cruenta represión policial contra manifestantes, que después de diez días contabiliza once homicidios confirmados. Este viernes, el fiscal general Francisco Barbosa y el defensor del Pueblo Carlos Camargo anunciaron la instalación de una mesa interinstitucional para investigar los asesinatos y presuntas desapariciones que se han presentado durante las revueltas, que investiga un total de 26 muertes y 87 desapariciones.

El departamento de Valle del Cauca, cuya capital es Cali, es el que acumula los peores números. El Fiscal detalló que avanzan las pesquisas sobre once muertes violentas durante protestas. «Tres de esos homicidios les serán imputados a miembros de la Policía Nacional, en el marco de las manifestaciones», dijo el fiscal Barbosa. El jueves fue capturado un mayor de la policía nacional por presuntamente haber matado a un joven en Cundinamarca, al dispararle un cartucho de gas lacrimógeno en la cara.

Uso de la fuerza bruta

Brayan Niño murió el 1 de mayo alrededor de las 9 de la noche cuando una concentración de vecinos fue señalada de tener intenciones violentas contra un edificio público y fue atacada por fuerzas de la Esmad, el controversial Escuadrón Móvil Antidisturbios de Colombia. Ese cuerpo utilizó una tanqueta para dispersar a los manifestantes lanzando gases lacrimógenos. «La tanqueta dispara. Ese disparo le cae en el ojo derecho a mi hermano», cuenta Marlin Niño, hermana de la víctima. Cuando le muchacho fue llevado a un hospital, ingresó sin signos vitales.

La Fiscalía General dijo aún estar verificando la relación de otras 7 muertes con las manifestaciones, y ya descartó que 8 de los fallecimientos estuvieran vinculados con las jornadas de movilización.

“Ejército sistemático”

Por su parte, el ministro de Defensa colombiano, Diego Molano indicó que en las manifestaciones hay un «ejército sistemático» que está «organizado» y actúa premeditadamente. Reiteró que se ha detectado la participación de ciudadanos venezolanos durante las protestas, en especial en el bloqueo a las calles. «La información que se tiene de inteligencia es que hay presencia fuerte de venezolanos. Estamos en el proceso de judicialización de aquellos que se ha denunciado y de otras informaciones que tenemos con los que son responsables», complementó Molano.

En este escenario de enfrentamientos, las cifras entregadas por los organismos oficiales, distan mucho de las ofrecidas por las organizaciones sociales.

Por ejemplo la ONG Temblores señala que las muertes ya suman 37 a escala nacional, entre el 28 de abril y el 5 de mayo. La organización registra 1.708 casos de violencia por parte de la Fuerza Pública.

En el nuevo informe, Temblores ONG entrega a la opinión pública un balance de 222 víctimas de violencia física, 831 detenciones arbitrarias, 312 intervenciones violentas en el marco de protestas pacíficas, 22 víctimas de agresiones oculares, 110 casos de disparos con arma de fuego y diez denuncias por violencia sexual. Además, llamó la atención por el incremento en el uso de recalzadas -bolsas con elementos metálicos en su interior-, cortes simultáneos de la energía durante la noche -especialmente en la ciudad de Cali- y la suspensión del servicio de internet en zonas donde se estaba documentando la reacción policial.

Casi 500 desapariciones

Por su parte, 26 organizaciones sociales han desarrollado un registro único de 471 denuncias por desapariciones en el marco de las protestas. Su labor permitió esclarecer la ubicación de 92 personas, entre las cuales se encuentra una víctima de homicidio. Aún se está verificando otra posible muerte. La Inspectoría General de la Policía ha abierto 47 investigaciones por presunto exceso de fuerza de policías en las manifestaciones. Y la Procuraduría General de la Nación ha asumido diez de los casos que habían comenzado como investigaciones disciplinarias en la Policía, incluyendo las denuncias sobre presunto abuso sexual por parte de uniformados, dijo la procuradora Margarita Cabello.

Entretanto, el Gobierno de Iván Duque es señalado por tirios y troyanos por su responsabilidad en la represión y por no atender a tiempo reclamos que impulsan las jornadas del Paro Nacional. Por ahora, el Ejecutivo Nacional ha convocado a mesas de diálogo con distintos sectores, comenzando por líderes políticos.

Ayer, la Coalición por la Esperanza, la oposición política, asistió al Palacio de Nariño para una mesa de diálogo nacional convocada por Duque. «Venimos sin el propósito de sustituir a quienes han enarbolado la bandera de la inconformidad. Debe ser con este comité con el que se tramiten las peticiones del paro, sin perjuicio de que el Gobierno pueda dialogar con otros sectores y personas», dijo Humberto de la Calle, exvicepresidente y vocero de la Coalición de la Esperanza.

En la cita, Duque reiteró que la protesta pacífica es un derecho constitucional, y que es fundamental rechazar los actos de violencia, vandalismo. Afirmó que los excesos de la Policía deben ser investigados y sancionados, pero también deben ser rechazados las vías de hecho que afecta el abastecimiento, la llegada de oxígeno, de vacunas, etc. Por ejemplo, este viernes, en Cali, se denunció escasez de gasolina producto de saqueos en estaciones de servicio.

Se confía en un diálogo entre Duque y los líderes del Comité del Paro. La tarea está encomendada al Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, quien ha defendido que la agenda propuesta por el presidente tomó en cuenta muchas de las peticiones que ha hecho el Comité Nacional del Paro en su pliego de emergencia.

El encuentro se ha anunciado para el próximo 10 de mayo, luego de unos primeros acercamientos privados ocurridos el martes pasado, como confirmó el funcionario.

Expulsión de un funcionario cubano

Sin embargo, Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), dijo que el inicio de las negociaciones del pliego de emergencia dependen del Gobierno y aseguró que están esperando que se precise día, lugar y hora. Además, en un vídeo, indicó que la organización espera que los diálogos inicien al tiempo que la desmilitarización de campos y ciudades. Mientras tanto, continuarán en paro.

Entretanto, se han producido algunas denuncias sobre la supuesta infiltración de agitadores del castrochavismo latinoamericano en las protestas colombianas. La Cancillería de Colombia anunció que declaró como ‘persona non grata’ a un funcionario de la embajada de Cuba tras verificar que “estaba desarrollando en el país actividades incompatibles con lo previsto en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas”. No hubo más detalles.