El macabro plan para liquidar a civiles como si fueran guerrilleros: el caso de los “falsos positivos” en Colombia

Entre 2002 y 2008 miles de colombianos murieron a manos de militares que presentaban sus cadáveres como bajas legítimas por las que cobraban una recompensa

Expertos forenses de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) exhuman un cuerpo en el cementerio del municipio de Dabeiba el 11 de marzo de 2021 mientras se trata de encontrar parte de la verdad sobre los "falsos positivos".
Expertos forenses de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) exhuman un cuerpo en el cementerio del municipio de Dabeiba el 11 de marzo de 2021 mientras se trata de encontrar parte de la verdad sobre los "falsos positivos". FOTO: Luis Eduardo Noriega A. EFE

La Justicia Especial para la Paz publicó en febrero un informe en el que asegura que en Colombia unos 6.402 civiles fueron asesinados extrajudicialmente por militares entre el 2002 y el 2008 dentro de una perversa estrategia que consistía en presentar a civiles como miembros de las guerrillas y mostrarlos como bajas legítimas caídas en combate para que los soldados recibieran una gratificación. Esto permitía a los responsables de Defensa mejorar las cifras de la lucha contra las FARC y otras guerrillas, pero fue una sangría que aún se sigue investigando. “Esto significa que hubo cerca de 1.000 asesinatos al año, durante siete años. Una cifra escalofriante”, asegura un informe del Open Democracy.

Gran parte de esta operación ocurrió durante la presidencia de Álvaro Uribe y mientras Juan Manuel Santos -después presidente del país y premio Nobel de la Paz- era ministro de Defensa. El caso ha seguido investigándose y ahora la Fiscalía de Colombia ha anunciado que imputará al excomandante del Ejército Nacional Mario Montoya Uribe por los delitos de homicidio agravado sobre 104 ejecuciones en el marco del caso de los ‘falsos positivos’. Montoya fue entre 2007 y 2008 comandante del Ejército y habría incentivado una política de premios -viajes, permisos o condecoraciones- por “la cantidad de muertes reportadas en combate”. La Fiscalía sostiene que el ex jefe militar habría destruido, además, pruebas al respecto.

Los civiles asesinados eran calzados, una vez que estaban muertos, con botas para presentar una falsa escena. Esto era así porque en Colombia tradicionalmente se decía que la mayoría de guerrilleros usaban este calzado. Así que se tomaban fotos de las víctimas con las botas de los guerrilleros para hacerlos pasar por combatientes. Las investigaciones posteriores revelaron que hubo casos donde las botas fueron puestas con el pie cambiado, lo que proporcionó a los familiares la evidencia que en realidad se trataba de asesinatos.

La JEP, el sistema creado bajo los acuerdos de paz de 2016 con las FARC para hacer justicia al margen de los procesos jurídicos ordinarios, reconoce que estas muertes perpetradas por el Estado han tenido lugar en Colombia desde hace más de 40 años, si bien aclara que el 78% de las víctimas se produjeron entre los años 2002 y 2008, es decir, durante el mandato del presidente Úribe Vélez.

Uribe fue el artífice de una política de seguridad exitosa, según muchos colombianos, que logró acorralar a las FARC gracias a su política de mano duro. Sus detractores aseguran que el presidente permitió que se cometieran crímenes por parte de las Fuerzas de Seguridad, y ponen como ejemplo el caso de los falsos positivos. La política de Seguridad Democrática impulsada por Uribe buscaba volver a tener el control del territorio nacional. Bajo su mandato se denominó oficialmente a los grupos armados ilegales del país como “terroristas”, lo que permitía acciones bélicas en su contra.

El director de la ONG Human Rights Watch (HRW) para las Américas, José Miguel Vivanco, ha aplaudido la decisión de imputar al ex jefe del Ejército, pero ha indicado que es “una lástima” que “recién ocurra ahora” ya que por las competencias de la JEP “la relevancia jurídica de la imputación es mayormente simbólica”. Asimismo, ha recordado que su organización ha publicado varios informes que evidenciaban que la Fiscalía contaba con pruebas contra el general retirado en el marco del caso.

De acuerdo con los últimos informes de la JEP, el periodo entre 2002 y 2008 fue uno de los más mortíferos y en los que mayor número de asesinatos extrajudiciales se produjeron. En total, se han registrado 6.402 casos desde 1978, por los 2.248 que había contabilizado la Fiscalía.