Polonia decide si prima el derecho polaco sobre el europeo

Durante los últimos dos meses las plazas públicas de más de 90 pueblos y ciudades polacas se han llenado de jueces que poco tienen que ver con el paisaje rural que muchas veces los rodea. Enfundados con una camiseta donde se puede leer “Tour de la Constitución” se suben a escenarios rodeados de curiosos, pero también de ciudadanos interesados en conocer más sobre la carta magna del país. Un grupo de jueces polacos de todo el país se han propuesto explicar a sus ciudadanos el papel fundamental de la constitución.

Después de la presentación inicial se acercan a hablar con cada asistente, recogen impresiones y resuelven dudas. “La información es poder”, comenta a este periodico durante una entrevista telemática Joanna Hetnarowicz-Sikora, una de las organizadoras del tour, jueza del distrito de Słupsk y miembro de IUSTITIA, la mayor asociación de jueces polacos.

La justicia que sale a explicarse a las calles del país es fundamental en medio de la confusión por los mensajes contradictorios en medios nacionales y el alto nivel de hostilidad entre Bruselas y el gobierno polaco sobre el sistema judicial y la independencia de los jueces. El sistema judicial polaco ha sido fuente de críticas por parte de las Instituciones Europeas desde 2015 cuando Ley y Justicia (PiS), liderado por Jarosław Kaczyński, se hizo con el poder.

En su informe de 2021 sobre la situación del Estado de Derecho en Polonia, la Comisión Europea (CE) volvió a poner el foco en las continuas reformas judiciales que se han traducido en una preocupante ausencia de libertad para los magistrados. Otro punto inquietante para la CE es la autonomía de las principales instituciones responsables de la prevención y la lucha contra la corrupción, en particular, la subordinación de la Oficina Central Anticorrupción al ejecutivo y el hecho de que el Ministro de Justicia, Zbigniew Ziobro, sea también el Fiscal General.

Ziobro, líder de Polonia Unida (Solidarna Polska) y socio de la coalición de gobierno, pidió esta semana al Tribunal Constitucional que revise la constitucionalidad de la Convención Europea de Derechos Humanos que Polonia ratificó en 1993. La convención garantiza derechos y libertades que son defendidos en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en Estrasburgo; entre ellos, el derecho de cualquier ciudadano a un juicio justo. El ministro de justicia busca con esta acción legitimar a los suplentes del Tribunal Constitucional. Todo empezó el pasado mayo cuando el TEDH llegó a la conclusión de que el Sejm (cámara baja del Parlamento) y el presidente polaco, Andrzej Duda, influyeron ilegalmente en el nombramiento de los jueces del Tribunal Constitucional.

“Las violaciones del procedimiento de elección de los jueces fueron tan graves que socavaron la esencia misma del derecho a un tribunal establecido conforme a la ley”, dictaminó el TEDH. Para Hetnarowicz-Sikora, hechos como este o la Sala Disciplinaria, dependiente del Tribunal Supremo cuyo objetivo es sancionar y en algunos casos suspender a cualquier juez del país según su criterio, son solo la punta del iceberg. “De esta manera se aseguran que aquellos a los que protegen nunca van a ser juzgados o condenados y castigar a cualquier precio a quien ellos quieran. No han tenido la necesidad de cambiar la constitución, están saqueando nuestro sistema poco a poco”, apunta.

El Constitucional polaco también tiene que pronunciarse el 3 de agosto sobre la consulta que hizo el primer ministro, Mateusz Morawiecki, sobre si la ley europea prevalece frente a la polaca. “Si el Tribunal Constitucional dice que está por encima de la ley europea la gente tendrá una evidencia más de que este tribunal es fraudulento y no protege los derechos de los ciudadanos, protege los intereses de un partido político”, asegura la jueza del tribunal de distrito de Słupsk. Según los expertos, un fallo a favor del gobierno de Kaczyński podría ser el origen de protestas masivas contra el ejecutivo. La última gran manifestación en el país vino precisamente por un fallo del Tribunal Constitucional, en noviembre de 2020 miles de personas salieron a las calles para protestar en contra del endurecimiento de la ley del aborto.

Por su parte, la Comisión Europea ya retrasó la aprobación de los fondos de recuperación a Polonia por la falta de independencia judicial. Hasta 36.000 millones de euros paralizados que deberían fluir desde Bruselas a Varsovia. “La única posibilidad de tener una influencia en el gobierno polaco es a través de estos fondos”, asegura Hetnarowicz-Sikora “La Unión Europea está luchando por los jueces polacos, en ningún momento nos hemos sentido abandonados. Ahora busca la manera de encontrar el camino para detener las reformas que están destruyendo el Estado de Derecho. En la UE todo es diplomacia y llegar a acuerdos, eso lleva tiempo, pero sé que no perderemos”, comenta decidida.