Krystina timanovskaya no es su disidente estándar. Una velocista olímpica que representó a Bielorrusia en Tokio, nunca había criticado públicamente al Gobierno ni a su despótico presidente, Alexander Lukashenko. Su delito fue quejarse en las redes sociales de que sus entrenadores la habían inscrito para el relevo de 4x400 metros sin avisarle. Así que la llevaron al aeropuerto de Tokio en contra de su voluntad para devolverla a casa. Allí buscó protección de la Policía de Japón. Al día siguiente, Polonia le concedió asilo a ella y a su familia. Afirma que la llamada para enviarla de regreso no provino del Ministerio de Deportes, sino de “un nivel superior”.

Timanovskaya se une a una colección cada vez mayor de bielorrusos en Europa que viven más allá de la jurisdicción de un régimen cuyo antiguo sobrenombre de “última dictadura europea” no transmite plenamente su deslizamiento hacia el gángsterismo en toda regla. El mismo día en que Timanovskaya recibió su visa polaca, un evento en Ucrania mostró por qué la concesión de asilo no es una garantía de protección.

Vitaly Shishov, que dirigía una ONG con sede en Ucrania que ayuda a los exiliados bielorrusos, desapareció después de salir de casa para correr por la mañana en Kiev, la capital. A la mañana siguiente lo encontraron colgado de un árbol en un bosque cercano. Los amigos dicen que tenía la cara magullada y la nariz rota. La Policía ucraniana ha dejado abierta la posibilidad de que su muerte sea un “asesinato disfrazado de suicidio”.

No hay pruebas de que el servicio secreto bielorruso haya matado a Shishov. Pero les dijo a sus amigos que lo estaban siguiendo. En junio dijo a sus seguidores en Telegram, una aplicación de redes sociales: “El régimen se está volviendo cada vez más terrorista. Incluso en el extranjero, debes mantener los oídos abiertos“.

Bielorrusia tiene fama cuando se trata de gangsterismo extraterritorial. En mayo, inventó una amenaza de bomba y envió sus aviones para derribar un vuelo de Ryanair desde Atenas a Vilnius, dos capitales de la UE, mientras volaba a través del espacio aéreo bielorruso. Roman Protasevich, un disidente exiliado a bordo, fue sacado del avión con su novia y arrestado.

Las ondas de choque de las elecciones presidenciales amañadas del año pasado y la represión que siguió a las protestas masivas subsiguientes aún no se han disipado. La tortura de los disidentes sigue siendo una rutina. El 21 de julio, la Policía allanó las oficinas de 14 ONG y arrestó a sus miembros. Cualquier cosa que no sea una lealtad devota a todas las instituciones estatales corre el riesgo de ser castigada, como muestra el caso de Timanovskaya. No le habrá servido de nada que el Comité Olímpico de Bielorrusia esté dirigido por el hijo de Lukashenko. Cada nueva ola de represión empuja a más bielorrusos a huir.

Una dictadura inestable que limita con tres países de la UE junto con una frágil Ucrania está bien situada para exportar sus problemas. Bielorrusia también está acusada de enviar inmigrantes iraquíes (2.600 solo el mes pasado) a través de su frontera norte hacia Lituania, presumiblemente para molestarla por haber dado una base en el exilio a Svetlana Tikhanovskaya, la líder de la oposición que probablemente ganó la votación del año pasado.

Es probable que se hagan más fuertes los llamamientos para que Occidente adopte una posición más dura contra Bielorrusia. Las limitadas sanciones que impuso la UE tras el secuestro del avión de Ryanair no parecen haber cambiado la postura del régimen. Las acciones de Tikhanovskaya han subido un poco después de sus recientes reuniones con los líderes de Estados Unidos y Reino Unido. Pero, al igual que otros exiliados bielorrusos, ya sean corredores olímpicos o funcionarios disidentes, ella se preguntará ansiosamente qué más cree el dictador que puede salirse con la suya.