La detención del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, el miércoles a mediodía acusado de “terrorismo” ha hecho explotar la tensión social en Bolivia con protestas de sus partidarios exigiendo su liberación y de simpatizantes del presidente de Bolivia, el izquierdista Luis Arce, celebrando su arresto. La captura de Camacho, líder de Creemos, la segunda fuerza de la oposición en el Parlamento, ha encendido el conflicto que Bolivia arrastra desde la crisis política de 2019, cuando las protestas por un presunto fraude electoral del expresidente, Evo Morales, en las elecciones del 20 de octubre de 2019, derivaron en la salida del poder del mandatario de izquierdas.

Tras el arresto del gobernador de Santa Cruz, la ciudad más poblada y rica de Bolivia, las manifestaciones y los enfrentamientos con la policía se sucedieron la noche del miércoles en Santa Cruz y La Paz. Graciela Ortiz, asistente de Camacho que estuvo con él durante su arresto, ha asegurado que su vehículo fue interceptado por una camioneta blanca en Santa Cruz: “Se bajaron personas vestidas de negro con pistolas y comenzaron a golpear las ventanas con la parte de atrás de las armas. Ni siquiera nos dijeron que nos bajáramos”.

Ortiz ha detallado que “lo tiraron al suelo, lo amarraron, lo levantaron y se lo llevaron”. La sede de la Fiscalía en Santa Cruz y varios vehículos fueron incendiados. Como respuesta, algunos seguidores del gobierno de Arce se congregaron para “celebrar” el arresto de Camacho. El ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, ha denunciado un ataque a su vivienda en Santa Cruz. La Fiscalía acusa al líder opositor de “terrorismo” por el caso ‘Golpe de Estado I’ que juzga la crisis política de 2019, en el que la expresidenta conservadora Jeanine Añez está sentenciada a 10 años de cárcel. El Ministerio Público confirmó que Camacho “fue aprehendido el 28 de diciembre, en cumplimiento de la orden de aprehensión emitida por la Fiscalía de La Paz”.

Poco después de conocerse la detención de uno de los principales líderes de la oposición boliviana, varios partidarios del gobernador cruceño y legisladores de Creemos entraron a la pista y a las oficinas de los aeropuertos de Viru Viru y El Trompillo para evitar que Camacho fuese trasladado a otra región. Sin embargo, un helicóptero sacó a Camacho del aeropuerto Viru Viru en el centro del país andino y fue trasladado a La Paz, donde el líder opositor de 43 años ha pasado su primera noche entre rejas en una comisaría.

A las puertas de la sede policial, las fuerzas de seguridad lanzaron gases lacrimógenos a los manifestantes que exigían su liberación. El ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, denunció un ataque a su vivienda en Santa Cruz. Camacho ha sido detenido tras impulsar una huelga de 36 días en Santa Cruz para reclamar un nuevo censo en 2023, un año antes de lo previsto. La huelga concluyó el pasado 26 de noviembre después de que el Congreso aprobase una ley de empadronamiento en este país andino de 11,8 millones de habitantes. Previsiblemente, el nuevo conteo de habitantes conllevará más presupuesto y más poder político para la región de Santa Cruz, motor económico de Bolivia.

El abogado del gobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho, Juan Carlos Camacho, ha alegado que su cliente desconocía la orden de detención: “Ha sido absolutamente sorpresivo y desproporcional. En un Estado de Derecho, no se puede permitir que policías encapuchados vayan a aprehender a ningún ciudadano, mucho menos a un gobernador”. La Fiscalía niega que se trate de una persecución política. El ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo, negó el gobernador de Santa Cruz haya sido “víctima de lesiones”.

El expresidente de centro-izquierda, Carlos Mesa, ha calificado la detención como un “secuestro”, al igual que los seguidores de Camacho. Otro expresidente boliviano, Jorge Tuto Quiroga, ha dado una “alerta internacional” por el arresto. Pese a que Camacho fue el principal denunciado en el caso ‘Golpe de Estado I’ que comenzó hace dos años, no ha sido hasta el miércoles que la policía le detuvo y le trasladó a la capital boliviana. La oposición denuncia una deriva autoritaria del Ejecutivo de Arce.

Por su parte, Evo Morales celebró la captura del hombre que apoyó las protestas que hace tres años provocaron su caída del poder y su salida a México: “Después de tres años, Luis Fernando Camacho responderá por el golpe de Estado que generó robos, persecuciones, detenciones y masacres al gobierno de facto”. En la crisis política de 2019 se registraron 37 muertos, 861 heridos y 1.531 detenidos, según la Defensoría del Pueblo. A las puertas de la sede de la Fuerza Especial de la Lucha Contra el Crimen donde fue trasladado Camacho, decenas de personas afines al gobierno de Arce se manifestaron gritando “Camacho a la cárcel” y otras arengas: “Esto no es venganza, es justicia. No se negocia con sangre derramada”.

Ante los enfrentamientos entre Policía y manifestantes, Naciones Unidas ha señalado que “se debe permitir que la gente exprese sus puntos de vista y proteste pacíficamente”. La ONU ha mostrado su oposición a las “detenciones arbitrarias ya que violan los Derechos Humanos fundamentales de un individuo”. El Departamento de Estado de Estados Unidos ha pedido al gobierno de Arce que se abstenga del uso excesivo de la fuerza contra la oposición. Ante el riesgo de una nueva crisis política y social, la Defensoría del Pueblo de Bolivia ha exhortado a “evitar actos de intolerancia que deriven en la confrontación y afecte la seguridad y la convivencia pacífica” de los bolivianos.