La democracia tunecina, brotada de la «revolución de los jazmines» de 2011, se marchita. Casi cinco meses después de arrogarse todos los poderes, el presidente Kais Saied anunciaba el lunes que mantendrá cerrada durante un año la Asamblea de Representantes –el presidente la clausuró el 25 de julio- y la celebración de un referéndum para la reforma constitucional en julio. El presidente, elegido en el otoño de 2019 en segunda vuelta con un amplio respaldo, asegura que su objetivo no es otro que salvar la democracia tunecina de los «peligros» que la acechan y que el sistema de libertades no corre peligro.

No habrá, pues, contrapoder legislativo a la autoridad de Saied –y al Gobierno de perfil tecnocrático presidido por la primera ministra Najla Bouden– hasta exactamente el 17 de diciembre de 2022, fecha en que deberán celebrarse elecciones legislativas. Recordemos que los islamistas de Ennhada, némesis de Saied, fueron primera fuerza en los últimos comicios de octubre de 2019. Desde el partido presidido por el veterano Rachid Ghannouchi –que mantiene estrechos vínculos con la Hermandad Musulmana– se denuncia que el objetivo de Saied no es otro que excluirlos del sistema político tunecino.

El plan desvelado por el presidente plenipotenciario contempla además la reforma de la Carta Magna actual, aprobada en 2014 por una Asamblea Nacional Constituyente elegida democráticamente (y en la que Ennhada resultó igualmente primer partido). A diferencia de aquel proceso iniciado en 2011 tras la revolución y en plena Primavera Árabe, Saied prevé ahora que sea un comité de expertos que elegirá a dedo el encargado de llevar a cabo los cambios en una Carta Magna que el presidente juzga la raíz de los problemas del país. Este equipo de expertos juristas tiene también el encargo de elaborar una nueva ley electoral. El proceso, eso sí, estará abierto a un proceso público de participación «online» que arrancará el 1 de enero y concluirá el 30 de marzo. Los ciudadanos podrán enviar sus propuestas.

La hoja de ruta impuesta por el presidente deberá culminar con un referéndum nacional sobre la reforma constitucional –y la ley electoral– el 25 de julio, fecha doblemente simbólica: se cumplirá un año del autogolpe de Kais Saied –cierre del Parlamento en un principio para un mes y disolución del Gobierno Mechichi, que contaba con el respaldo de Ennhada– y se celebrará, como cada año, la fiesta de la República tunecina.

Entretanto, la oposición sigue denunciando que lo de Saied es un golpe de Estado en toda regla. Aunque el imperturbable profesor de Derecho gozaba de las simpatías de la mayoría de la población este verano, cada vez hay más tunecinos que rechazan lo que está ocurriendo. No en vano, en las últimas semanas se han registrado manifestaciones exigiendo el fin de las «medidas excepcionales».

El momento socioeconómico de Túnez es especialmente delicado. Con una deuda pública del 87% y tras una caída del PIB del 8,8% el pasado año, las autoridades tunecinas esperan un préstamo millonario del FMI para salvar de la quiebra al Estado. El deterioro de la economía desde 2011 ha empujado a no pocos tunecinos a pensar que con un régimen autoritario se vivía mejor.

Por el momento, la joven democracia tunecina, otrora esperanza de todo el mundo árabe, ha sido incapaz de asumir dos realidades tozudas: el Estado de derecho y el sistema representativo no son, por sí solos, la solución a los problemas de la gestión cotidiana, incluidos los socioeconómicos, y la cohabitación entre Presidencia y Parlamento exige pragmatismo y sentido de Estado por parte de los distintos protagonistas.

Unos y otros, presidencia y oposición, se acusan de ser los responsables de la crisis institucional. Precisamente, los islamistas de Ennhada, que han ganado la mayor parte de citas electorales en la última década y renunciado a menudo a acaparar un poder excesivo en los distintos Gabinetes, parecen a menudo los más sensatos. Sería un error por parte del amplio sector de la sociedad tunecina que detesta a los islamistas y de las instituciones del Estado expulsar de las mismas a Ennahda, que apoyó en 2011 la revolución y aceptó con una mezcla de pragmatismo y tacticismo el sistema democrático.

El futuro de la democracia tunecina depende en estos momentos de la voluntad de quien la tiene secuestrada: el presidente. Con la apertura del aparentemente consultivo proceso para la reforma constitucional comenzarán a mostrarse las verdaderas intenciones de Saied, aunque, por el momento, los hechos no hacen sino confirmar los peores augurios.