Chile se prepara para unas elecciones presidenciales decisivas el 16 de noviembre en medio de una profunda crisis de confianza institucional inseguridad y el desencanto con la clase política, que viene ya acrecentándose desde hace algunos años. El regreso del voto obligatorio, donde se espera voten casi 16 millones de chilenos y chilenas, y la fragmentación de las opciones políticas configuran un escenario complejo, en el que la demanda social de orden y estabilidad se ha impuesto transversalmente como eje de campaña.

Las elecciones presidenciales chilenas de este domingo se llevarán a cabo bajo el signo del malestar social y el estancamiento económico, factores que han impregnado el debate público desde el estallido social de 2019 y los intentos fallidos de reforma constitucional. La votación se produce aún bajo la Constitución de 1980, tras dos procesos constituyentes frustrados que profundizaron la desconfianza hacia las élites y las instituciones. En las primarias de junio, donde se eligió al representante de la izquierda, apenas el 9% del padrón habilitado a nivel país ejerció su derecho, síntoma de una apatía creciente y una ciudadanía cada vez más alejada de la política tradicional.​

Este clima de escepticismo se manifiesta en la desaprobación persistente del Gobierno de Gabriel Boric, que según la última encuesta Cadem roza el 63%, mientras la aprobación apenas alcanza el 33%. La economía, por su parte, muestra signos de estancamiento, con un 63% de los chilenos muy pesimista sobre las expectativas de empleo, lo que se suma a los temas de empleo y consumo. El debate sobre la seguridad ha desplazado a las reformas estructurales y surgen como las preocupaciones dominantes: la violencia urbana, el narcotráfico y la migración irregular, que han impulsado un giro discursivo, donde las promesas de orden y autoridad son permanentes entre los candidatos.

El escenario electoral se encuentra altamente polarizado. Jeannette Jara, militante del Partido Comunista (PC), representante de la izquierda oficialista y exministra de Trabajo, se impuso en las primarias progresistas con más del 60% de los votos. Su propuesta combina pragmatismo económico, énfasis en protección social y un enfoque integral de seguridad, en sintonía con las demandas ciudadanas de certezas sociales.

Por su parte, la derecha tradicional presenta a Evelyn Matthei, ligada al Partido Demócrata Independiente (UDI), está respaldada por los principales partidos opositores apuesta por fortalecer el orden y mantener la estabilidad económica.​

Sin embargo, todas las encuestas coinciden en que el liderazgo de la oposición recae en José Antonio Kast, referente del Partido Republicano (PR). Kast ha capitalizado el descontento ciudadano con una campaña centrada en mano dura frente a la delincuencia, el control de la inmigración ilegal y el combate al narcotráfico. Un discurso de autoridad y nacionalismo que encuentra eco en amplios sectores vulnerables y rurales, preocupados por la inseguridad y el deterioro de la calidad de vida. El ascenso de figuras más radicales, como Johannes Kaiser del Partido Nacional Libertario, de extrema derecha, y el persistente populismo de Franco Parisi del Partido Por la Gente, muestran la fragmentación del escenario político y la dificultad para articular una alternativa de consenso.​

El regreso del voto obligatorio añade un matiz particular a la jornada. Según análisis del diario chileno El Mercurio, dicha medida podría ampliar el espectro de participación y devolver protagonismo a sectores previamente marginados, aunque sin revertir la apatía ni el escepticismo hacia la política. En paralelo, la elección se produce tras una década de redefiniciones políticas, donde los antiguos consensos de la transición han cedido ante demandas de eficiencia estatal, seguridad y estabilidad económica. El discurso ideológico ha sido desplazado por promesas pragmáticas y apelaciones al control social.​

Las campañas han puesto en evidencia el auge de discursos xenófobos y nacionalistas, especialmente en regiones fronterizas, así como la creciente preocupación por el narcotráfico y la migración irregular. Esta dinámica ha contribuido a polarizar el debate, dificultando los acuerdos y alimentando el escepticismo hacia las promesas de cambio.

En este sentido, el futuro de la democracia chilena, como señalan los expertos del Centro de Estudios Públicos (CEP) y la Universidad chilena Diego Portales, se juega entre la búsqueda de dignidad y la necesidad de control, con la estabilidad amenazada por el miedo y la frustración social.​

Las últimas investigaciones del Centro de Estudios Públicos (CEP) y de la Universidad Diego Portales (UDP) coinciden en alertar sobre el debilitamiento de la legitimidad democrática en Chile: según el CEP, solo el 44% de los ciudadanos sigue considerando la democracia como la mejor forma de gobierno, mientras un 34% muestra indiferencia ante el régimen político predominante. La encuesta UDP refuerza este diagnóstico, al revelar una creciente distancia entre la ciudadanía y las élites políticas, con percepciones extendidas de corrupción y representación simbólica, y un malestar social originado en la incapacidad institucional para responder a las exigencias de seguridad y dignidad.