Los jueces marcan los límites a Trump

En la última semana, un número creciente de jueces federales ha salido al paso de las políticas de Donald Trump, convirtiéndose en uno de los pocos contrapesos visibles a la agenda del presidente en su segundo mandato. Las decisiones recientes reflejan un pulso entre el Ejecutivo y el Poder Judicial que amenaza con redefinir los límites de la independencia de las cortes en Estados Unidos.

El primer síntoma de esta tensión vino de la propia judicatura federal. Una docena de jueces, designados tanto por presidentes demócratas como republicanos -incluido el propio Trump-, expresaron bajo anonimato a NBC News su descontento por la manera en que la Corte Suprema ha manejado los casos vinculados al mandatario. Según relataron, el máximo tribunal ha incurrido en un patrón de decisiones de emergencia, con escasa explicación, en procesos que afectan directamente a las políticas de la administración. «Es inexcusable», dijo uno de ellos. «No nos respaldan». El temor compartido por estos magistrados es que la Corte Suprema haya validado, con sus omisiones, las críticas de Trump hacia los jueces de primera instancia.

El presidente ha acusado en múltiples ocasiones a los tribunales de obstaculizar su agenda migratoria y de seguridad. Tres de los actuales jueces de la Corte Suprema fueron escogidos por él en su primer mandato, lo que, lejos de disipar dudas sobre parcialidad, ha intensificado el debate público. El presidente del tribunal, John Roberts, ya había advertido en 2018 de que no existen «jueces de Obama o de Trump, de Bush o de Clinton», en un intento por defender la integridad institucional. Más recientemente, en su informe anual de 2024, insistió en que los funcionarios electos deben evitar declaraciones que pongan en riesgo la seguridad y credibilidad de los jueces.

El choque, sin embargo, ha escalado más allá de declaraciones. Las decisiones judiciales contra la administración Trump se acumulan en distintos frentes. Uno de los fallos más significativos de la semana provino del juez Charles Breyer, quien declaró ilegal el despliegue de tropas federales en Los Ángeles. Según su dictamen de 52 páginas, la operación violó el Posse Comitatus Act, una ley de 1878 que impide al Ejército actuar como fuerza policial dentro del país sin autorización del Congreso. Breyer describió el operativo como un intento de crear una «fuerza policial nacional con el presidente como su jefe». La Casa Blanca replicó que la decisión era propia de «cortes de izquierda», pero el fallo marca un hito en la contención a la deriva militar de la presidencia.

El tema migratorio también fue escenario de otro revés para Trump. El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito bloqueó, mediante una medida cautelar, el uso de la Alien Enemies Act para deportar a supuestos miembros de pandillas venezolanas en Texas. La decisión fue adoptada por una mayoría integrada por un juez nombrado por George W. Bush y otra por Joe Biden, frente a la enérgica disidencia de Andrew Oldham, designado por Trump. Oldham advirtió de que el fallo sugiere que el Departamento de Justicia miente y acusó a sus colegas de aplicar una «presunción de irregularidad» contra el actual gobierno. Su queja conecta con un debate más amplio sobre si las cortes deben seguir confiando en las representaciones del Ejecutivo, una confianza que parece erosionarse con cada litigio.

La universidad de Harvard también salió victoriosa frente al gobierno federal. La jueza Allison Burroughs determinó que la suspensión de unos 2.000 millones de dólares en fondos de investigación violaba la Primera Enmienda, al castigar a la institución por supuestas posturas ideológicas. El gobierno había acusado a la universidad de antisemitismo y sesgo de izquierda, pero la magistrada señaló que esas razones eran una «cortina de humo» para un ataque político. La decisión impide al Ejecutivo retener fondos ya aprobados, aunque la Casa Blanca ha prometido apelar.

Otra resolución adversa para el presidente se produjo en Washington, donde el juez Amir Ali bloqueó la maniobra de la Casa Blanca para retener cerca de 4.000 millones de dólares en ayuda exterior aprobada por el Congreso. El tribunal recordó que el Ejecutivo no puede cancelar unilateralmente partidas presupuestarias sin aval legislativo, aludiendo al principio de separación de poderes. Estas decisiones no son hechos aislados. En paralelo, jueces federales han expresado públicamente su preocupación por la creciente hostilidad contra la judicatura. John Coughenour, juez de distrito en Washington, denunció que la retórica presidencial ha alimentado amenazas concretas contra magistrados. Relató que la policía llegó armada a su casa tras una falsa denuncia de asesinato, un episodio que ilustra hasta dónde ha llegado la intimidación. «Es asombroso cuánto daño se le ha hecho a la reputación de nuestro poder judicial», afirmó.

En este contexto, la frase «presunción de regularidad», habitual en la tradición jurídica estadounidense, ha perdido peso. Históricamente, los jueces partían de la base de que el gobierno actuaba de buena fe. Pero cada vez más cortes muestran reservas frente a un Departamento de Justicia percibido como politizado. La crítica de Oldham, al acusar a sus colegas de negar al Ejecutivo ese beneficio de la duda, refleja la fractura dentro de la propia judicatura, donde jueces conservadores y progresistas difieren no solo en interpretación legal, sino en el nivel de confianza hacia la administración. El telón de fondo es la relación entre Trump y un poder judicial que nunca ha dejado de incomodarle. Desde sus ataques a jueces que bloquearon su veto migratorio en 2017, hasta las actuales acusaciones contra universidades y ONG, el presidente ha hecho de los tribunales un campo de batalla político. Sin embargo, en medio de un Congreso polarizado y una Corte Suprema bajo sospecha, son los jueces de distrito y de apelaciones quienes parecen erigirse como el último dique de contención.

Muchas de las decisiones de esta semana serán apeladas y eventualmente podrían llegar al mismo Tribunal Supremo que ha sido blanco de críticas. Pero la cadena de reveses judiciales deja un mensaje claro: la presidencia de Trump enfrenta límites que no dependen del voto popular ni de la negociación legislativa, sino de la interpretación constitucional de jueces que, pese a las amenazas y la presión política, insisten en defender la independencia de su poder.