La Unión Europea ha conseguido este viernes prorrogar casi in extremis las sanciones selectivas contra personalidades y entidades rusas debido a la invasión de Ucrania. El pacto ha sido posible después de vencer las reticencias de Hungría. El país de Viktor Orban había pedido, a cambio de su luz verde, sacar de la lista de sancionados a o ocho personas, entre ellas el magnate ruso israelí, MIkhail Fridman, ex accionista de LetterOne, empresa propietaria de la cadena de supermercados Día.

El resto de las capitales europeas no han cedido en esto último, pero sí han decidido no renovar las sanciones a cuatro individuos: los oligarcas multimillonarias Vladimir Rashevsky (argumentan que era “un caso legal débil”), Gulbakho Imailova y Viatcheslav Kantor y el ministro de Deportes ruso, Mikhail Degtyarev.

Las sanciones contra Rusia deben renovarse cada seis meses por unanimidad y el veto de un solo país puede hacer todo descarrilar el proceso. El plazo para llegar a un acuerdo expiraba este sábado de madrugada. En el caso de los castigos a personalidades significa que éstas pueden volver a viajar a territorio europeo, ya que disponen nuevamente de visado, y sus activos en suelo comunitario dejan de estar congelados.

La vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca ha dado alas a Orban la hora de poner palos en las ruedas a las sanciones contra Rusia. En enero, Budapest también se negó hasta el último momento a renovar los castigo económicos contra Rusia y cedió después de que los Veintisiete se comprometieran en un texto a asegurar el suministro energético al país. En caso de no haber conseguido la luz verde de Budapest, esto hubiese supuesto la devolución a Rusia de las reservas en moneda extranjera que se encuentran retenidas y que ascienden a más de 200.000 millones de euros.

La semana pasada, el primer ministro húngaro, Viktor Orban, amenazó con no apoyar el texto de conclusiones sobre el apoyo militar a Ucrania que debía refrendarse por unanimidad. Para que el líder húngaro no monopolizase la reunión, se optó por una declaración a Veintiséis. Un enjuague diplomático que permitió al club comunitario no depender del veto de Orban y restarle poder, aunque sea a costa de evidenciar grietas en el apoyo europeo.

Los problemas no terminan aquí. Hungría también ha estado vetando el desembolso de ayuda militar a través del Fondo Europeo para la Paz (FEP), la herramienta a través de la que los Veintisiete están armando a Ucrania de manera conjunta. De hecho, la máxima representante de la diplomacia comunitaria, Kaya Kallas, tiene previsto presentar el próximo lunes la creación de un nuevo fondo para seguir auxiliando al país. Una iniciativa que resulta más importante que nunca teniendo en cuenta las dudas que existen sobre la continuidad del apoyo militar estadounidense.

Fuentes diplomáticas confirman que esta propuesta cifra esta nueva herramienta en 40.000 millones de euros. Todo indica que será imposible que Hungría apruebe la puesta en marcha de un nuevo instrumento europeo y que esta iniciativa deberá estar respaldada por una “coalición de voluntarios”. El próximo lunes será la primera vez que los ministros de Asuntos Exteriores de los Veintisiete debatan este tema, si bien fuentes diplomáticas no esperan que se produzca todavía un acuerdo.

El debate sobre la continuidad del apoyo a Ucrania coincide con la necesidad de que la UE se rearme y sea menos independiente respecto a Estados Unidos en el flanco militar. La semana pasada la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presentó un plan de 800.000 millones de euros. Este próximo miércoles, se espera que la Comisión Europea presente este paquete de manera detallada en el denominado Libro Blanco de la Defensa.