El asalto al Capitolio, una losa sobre Trump

En 1868, después de la Guerra Civil estadounidense que enfrentó a once Estados secesionistas del Sur contra los denominados unionistas del Norte, la Constitución de Estados Unidos fue enmendada para incluir en esta una prohibición explicita a que cualquier persona que, habiendo jurado defenderla al tomar un cargo público, hubiera incurrido en actos de insurrección o rebelión contra el Estado. Esta modificación de la Carta Magna estadounidense se produjo en un contexto de reconstrucción en un país que había sido asolado por la guerra, tratando de asegurar una cierta estabilidad político-institucional para poder dejar atrás el periodo más negro de su historia. Al enfrentarse a la posibilidad de que aquellos que lideraron la rebelión pudieran volver a ocupar cargos públicos, se decidió modificar el documento fundamental del Estado para evitar que los secesionistas pudieran, una vez más, encontrarse en una situación de poder que les permitiera volver a poner en jaque al país. De este modo, todo aquel que, habiendo jurado la Constitución, hubiera «participado en insurrección o rebelión contra la misma, o brindado ayuda o apoyo a sus enemigos» quedaría inhabilitado para ocupar cargo público a menos que dos terceras partes tanto del Congreso como del Senado votasen para eliminar dicha inhabilitación.

El pasado 19 de diciembre, el Tribunal Supremo del Estado de Colorado falló con cuatro votos a tres en contra del expresidente, y candidato en las primarias del Partido Republicano Donald Trump alegando que éste habría tenido un papel determinante en la toma del Capitolio en Washington DC del 6 de enero de 2021, eventos por los que el tribunal le atribuye responsabilidad y que considera como actos de insurrección. Las consecuencias de este fallo son que el expresidente no podrá presentarse a las primarias de su partido en ese Estado, ya que queda inhabilitado para ejercer cargos públicos según el tribunal. Como ya analicé en estas páginas en diciembre de 2021, Trump no sólo fue determinante en azuzar a las masas en las protestas que tuvieron lugar en aquella ocasión, sino que, además, intentó presionar al entonces vicepresidente Mike Pence para que este evitara la votación por parte del Colegio Electoral que elegiría a Joe Biden, intentando un golpe político e institucional sin precedentes. El presidente se enfrenta a varios juicios en los próximos meses en los que se determinará su culpabilidad o inocencia en estos hechos, algo que determinará el futuro político de Estados Unidos.

Y este es, precisamente, uno de los problemas del fallo del Tribunal Supremo de Colorado. Si bien el propio Tribunal habría podido establecer con claridad la participación del expresidente en los hechos insurrectos, la realidad es que ningún tribunal le ha juzgado y condenado por ello. Todavía. Si bien el tribunal hubiera podido establecer que las acciones del expresidente fueron insurrectas, este no pudo presentar defensa y, por tanto, no se ha establecido condena firme por esos hechos. Por ello, la decisión del tribunal no ha sido unánime, y contó con el rechazo de tres jueces que alegaron justamente que Trump aún no podría ser inhabilitado ya que no se le ha permitido defenderse en juicio. Habremos de esperar a marzo para saber cuáles serán las verdaderas consecuencias de este fallo.

Por otro lado, el caso queda ahora en manos del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que tendrá que pronunciarse sobre dos temas principales: uno, la validez de la inhabilitación en base a las supuestas actuaciones del presidente en los actos del 6 de enero; dos, sobre si la enmienda 14 de la Constitución es aplicable también a la figura del presidente. En cualquier caso, nos encontramos ante un panorama complejo, ya que no se había dado la inhabilitación por parte de un tribunal a un candidato presidencial. Los propios magistrados así lo apuntaban en su escrito en el que asumen su papel determinante y novel, sabiéndose pioneros y reconociendo la gravedad de los hechos y sus consecuencias.

Esta noticia ha sido recibida con indignación por parte del equipo de campaña del expresidente, si bien se asume que este podrá sacar rédito político de la situación, presentándose, una vez más, como la victima de una conspiración del Partido Demócrata para alejarle del poder. La realidad es que, seguramente, el Tribunal Supremo tumbe el fallo del de Colorado, pero, aunque se diese este caso, se ha abierto una caja de Pandora legal, que abre camino a que tribunales de otros Estados, o incluso un tribunal federal, se pronuncien en estos términos, sobre todo si el juicio de marzo no va bien para Trump.

Y es que en Estados Unidos todavía existe una separación de poderes real. Tenemos ante nosotros el ejemplo más claro de la necesidad de mantener un Poder Judicial independiente, capaz de actuar en defensa del sistema incluso cuando existen aquellos que a través de su poder y sus cargos públicos intentaran mantenerse en el poder.