
Drogas
Singapur castigará a los importadores de vapeadores de etomidato con hasta 15 años de cárcel y 20 latigazos
Las nuevas sanciones, que entrarán en vigor el 1 de septiembre, incluyen penas de prisión y azotes para importadores y proveedores

El Gobierno de Singapur ha anunciado una drástica ampliación de sus medidas contra los vaporizadores, que castigará con hasta 20 años de prisión y 15 latigazos a los importadores de vapeadores que contengan etomidato, una sustancia con efecto anestésico. Estas duras penas, que entrarán en vigor a partir del próximo 1 de septiembre, suponen un significativo endurecimiento de la legislación vigente desde 2018, que ya prohibía la venta y consumo de estos dispositivos en la ciudad-Estado.
El ministro de Salud de Singapur, Ong Ye Kung, justificó la medida señalando que "los vapeadores se han convertido en una puerta de entrada para el abuso de sustancias más duras". Esta reforma legal fue avanzada la semana pasada por el primer ministro singapurense, Lawrence Wong, en respuesta a la creciente preocupación por el consumo de estos dispositivos entre la población más joven.
Alerta internacional sobre el etomidato
La decisión de Singapur se produce después de que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) alertara el pasado marzo sobre la expansión en Europa del Este y el Sudeste Asiático de la venta de esta sustancia con fines no médicos. El etomidato está catalogado como un "anestésico general de acción corta" de uso médico, pero su utilización en vapeadores ha generado una nueva preocupación sanitaria a nivel internacional.
Para los consumidores, las medidas incluyen la obligación de asistir a programas de rehabilitación y multas de entre 388 y 544 dólares estadounidenses. El ministro Ong advirtió que quienes continúen con el consumo o se salten el programa de rehabilitación se enfrentarán a castigos progresivamente más severos, que podrían alcanzar hasta dos años de prisión. Como alternativa inicial, las autoridades colocarán contenedores para que los usuarios depositen los dispositivos de manera voluntaria antes de aplicar sanciones más estrictas.
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