La guerra en Sudán se ha convertido en un peligroso crisol de una pesadilla humanitaria cada vez más profunda. Desde abril de 2023, los combates entre las Fuerzas Armadas Sudanesa (FAS), lideradas por el general Abdel Fattah al-Burhan, y las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), bajo el mando de Mohamed Hamdan Dagalo, conocido como Hemedti, han destruido cualquier esperanza de una transición democrática fluida. En cambio, el conflicto ha desgarrado el tejido social y político de Sudán, amenazando con desestabilizar la región en su conjunto y más allá.

En abril de 2024, las FAR y movimientos aliados dieron un paso trascendental al establecer un gobierno paralelo en Nairobi, formalizado mediante una carta política. Lejos de simplemente profundizar la fragmentación, esta iniciativa —reconocida por varios líderes africanos— se ha visto como una posible vía para poner fin al derramamiento de sangre y forjar un consenso político más amplio. Ofrece un marco para brindar seguridad y servicios esenciales a la población civil, y podría servir como piedra angular para un diálogo y una negociación inclusivos destinados a detener la guerra y allanar el camino hacia una paz duradera.

Mientras tanto, Egipto y Arabia Saudita —dos potencias regionales con un enorme capital diplomático— deben ir más allá del apoyo retórico y tomar medidas decisivas. Su compromiso no debe limitarse a ratificar la dinámica de poder actual bajo presión, sino sentar las bases para un alto el fuego creíble y un proceso de reconciliación nacional que vuelva a centrar la gobernanza civil en el objetivo final de Sudán.

El mayor peligro, sin embargo, es la creciente alianza entre al-Burhan y Teherán. Irán ha buscado durante mucho tiempo cultivar vínculos con el estamento militar de Sudán, pero los recientes informes sobre drones y armamento avanzado que ingresan a las filas de las Fuerzas Armadas Sudanesa señalan una preocupante escalada. Si no se controla, esta alianza corre el riesgo de convertir a Sudán en otro campo de batalla en la contienda de Teherán con sus rivales regionales, amenazando el corredor del Mar Rojo y atrayendo a actores extremistas deseosos de explotar el caos para sus propios fines.

Para complicar aún más la crisis, se encuentra el avance oportunista de Rusia. Moscú ha maniobrado para asegurar el acceso naval a la costa sudanesa del Mar Rojo, a la vez que corteja a las Fuerzas Armadas Sudanesa. Lo que comenzó como una competencia por la influencia se está transformando rápidamente en una lucha por el control de rutas marítimas vitales. Si no se enfrenta esta situación, la creciente brecha entre los intereses occidentales y la intromisión autoritaria podría obligar a Washington y a sus aliados europeos a adoptar una postura cada vez más militarizada para proteger la seguridad marítima.

El 22 de mayo de 2025, el Departamento de Estado de EE. UU. determinó que las fuerzas militares sudanesas, lideradas por el general al-Burhan, habían desplegado armas químicas a lo largo de 2024, una flagrante violación de la Convención sobre Armas Químicas.

Estas sanciones no son meros gestos simbólicos. Representan una afirmación crucial de la determinación estadounidense contra los crímenes de guerra y sientan un precedente para la rendición de cuentas. Sin embargo, también corren el riesgo de agravar el colapso económico de Sudán, con un saldo ya alarmante: casi 150.000 muertos y más de 13 millones de desplazados. Washington ha incluido excepciones para proteger los flujos de ayuda humanitaria, pero una mayor escalada debe ser medida con cuidado para evitar que el país sufra una hambruna a gran escala.

Aun así, la acción estadounidense por sí sola es insuficiente. Se necesita urgentemente un frente unificado —que incluya a Europa, sus socios latinoamericanos, la Unión Africana y la Liga Árabe—. Se deben imponer sanciones amplias a ambas partes del conflicto y a los patrocinadores extranjeros que las facilitan. Las líneas de suministro militar de Burhan desde Irán y las maniobras rusas deben enfrentarse con presión colectiva. Los abusos contra los derechos humanos no pueden quedar impunes, y ningún líder, nacional o extranjero, debe permitirse beneficiarse de las atrocidades ni perpetuar el caos sin control.

Es crucial que Burhan sea excluido de cualquier futuro acuerdo de gobierno. Su creciente alianza con Teherán, su historial de brutal represión contra civiles y su historial de subversión de las normas internacionales lo incapacitan fundamentalmente para guiar a Sudán hacia la paz. Esto no es una extralimitación punitiva; es la única manera de garantizar una transición creíble y legítima. Pero la exclusión debe ir acompañada de una vía inclusiva que fomente una amplia participación civil y recompense a quienes estén dispuestos a renunciar a la violencia.

Si Occidente no actúa con decisión, Sudán corre el riesgo de convertirse en otro escenario trágico de guerra indirecta, alimentando el extremismo, envalentonando a actores malignos y amenazando rutas marítimas globales vitales. Millones de personas podrían huir, lo que generaría nuevas crisis migratorias y pondría a prueba la determinación de Europa y los estados vecinos por igual.

El costo de la pasividad es evidente. Pero con paciencia estratégica, claridad moral y una auténtica colaboración con los actores regionales, el mundo aún puede ayudar a Sudán a recuperar una oportunidad de paz, estabilidad y un gobierno civil.