La UE cierra una legislatura marcada por la lucha contra la inmigración ilegal

Hay pocos temas más explosivos en la política comunitaria de los últimos años que la inmigración. Tras la crisis vivida en el año 2015 por las llegadas de refugiados sirios y la política de puertas abiertas de la canciller alemana Angela Merkel, en el mes de abril, el Parlamento europeo dio luz verde a un nuevo pacto de Migración y Asilo tras tres años de duras negociaciones.

Según las instituciones europeas, este texto intenta aprender de errores pasados, endureciendo las condiciones para acceder al territorio europeo y a través de un sistema de solidaridad a la carta. Los países europeos tienen dos años para aplicar esta normativa, pero resulta difícil saber si el texto pactado será suficiente.

15 países europeos – desde del gobierno socialdemócrata de Mette Frederiksen hasta el de Giorgia Meloni en Italia- han suscrito una carta en la que reclaman a la UE poder expulsar en centros de terceros países a los migrantes que sean rescatados en alta mar, al igual que está haciendo Reino Unido en Ruanda o Meloni en Albania, mientras se tramitan sus solicitudes o se decide la repatriación.

De momento, la Comisión Europea no se ha pronunciado, pero defiende el pacto que se ha acordado durante esta legislatura y que no contempla este tipo de medidas. Esta misiva no ha sido suscrita por Alemania, Francia y España.

Este acuerdo pretende acelerar los retornos de los considerados inmigrantes ilegales con la puesta en marcha de centros específicos en las fronteras europeas desde dónde se gestionarán las demandas de asilo, aunque el Parlamento Europeo los define como lugares de espera que en ningún momento se pueden asemejar a cárceles. Las organización no gubernamentales de defensa de los derechos humanos critican estas medidas y acusan a los partidos tradicionales europeos de haber adoptado las retórica de la extrema derecha.

El primer veredicto sobre la aceptación o rechazo de esta petición deberá llegar a los seis meses, con el objetivo de no demorar en exceso este tipo de procedimientos, tal y como sucede actualmente. La Unión Europea distingue entre aquellas personas perseguidas por sus creencias religiosas, ideas políticas u orientación sexual y, por lo tanto, sujetas a ser definidas como refugiadas ,y aquellos migrantes movidos por la búsqueda de un futuro económico mejor y que son considerados en situación irregular y , por lo tanto, podrán ser expulsados.

A las personas interceptadas en las fronteras europeas o que han sido rescatadas en alta mar se les identificará con datos biométricos de reconocimiento facial y huellas dactilares a la vez que se les realizará chequeos médicos y de seguridad por si pudieran suponer una amenaza. Se espera que este registro no dure más de siete días. Esta identificación con huellas dactilares incluirá a los niños a partir de los seis años, si bien las autoridades nacionales deberán establecer mecanismos independientes para garantizar que se respetan los derechos de los menores.

El propósito reside en que exista una base de datos común para que las autoridades nacionales puedan saber si el demandante ha solicitado con anterioridad asilo en otro país europeo. Todos los migrantes tendrán derecho a asesoramiento legal y los menores contarán con un tutor adulto que vele por ellos.

Como modo de superar el sistema de reparto en cuotas obligatorias que fue boicoteado sin cesar por los países del Este en la anterior crisis de 2015, se ha impuesto una solidaridad obligatoria pero a la carta. Esto significa que aquellos países que no quieren acoger a estas personas deberán pagar a un fondo común europeo que sirva para sufragar el gasto de aquellos que sí lo hacen. La contribución de cada país se establecerá según criterios de población y PIB. Se espera que se puedan repartir a 30.000 demandantes de asilo al año y que las contribuciones financieras lleguen a los 600 millones.

Este nuevo pacto intenta también modernizar el Protocolo de Dublín por el que el Estado de llegada es el que debe tramitar la solicitud de asilo, lo que en principio hace recaer la responsabilidad en los países de primera línea que además deben evitar que los demandantes se desplacen a otros países europeos ( movimientos secundarios). Aunque este principio se mantiene, se tendrán en cuenta otros factores a la hora de elegir el Estado en el que se procesa la demanda, como por ejemplo, si el migrante tiene familiares de primer grado en otros país europeo, ha cursado estudios o domina algún idioma. Esto quiere aliviar la carga de los países del Sur del club comunitario que son los que reciben más solicitudes de este tipo.

Uno de los puntos más polémicos ha sido la activación de un mecanismo de emergencia para situaciones de llegadas masivas, en los que un país se vea desbordado por el número de solicitudes e incluso la inmigración pueda ser utilizada como una amenaza híbrida para chantajes geopolíticos, tal y como ha sucedido en el caso de Marruecos con España o Rusia con Bielorrusia. Queda excluidas en este apartado las organizaciones no gubernamentales que realizan rescates en alta mar.

En esos casos, el Estado pedirá a la Comisión Europea que se activen los mecanismos de solidaridad previstos y algunas categorías de demandantes de asilo – por ejemplo los que proceden de un país en guerra- podrán gozar de una protección prioritaria.