La Corte Constitucional de Ecuador deja a Noboa sin las dos leyes más emblemáticas de su nuevo mandato

La Corte Constitucional de Ecuador declaró este viernes inconstitucionales dos de las cinco leyes promovidas por el presidente, Daniel Noboa, con el mecanismo exprés del tratamiento "económico urgente", después que cautelarmente ya había suspendido algunos artículos que acumulaban numerosas demandas por posible vulneración de derechos fundamentales.

La decisión del tribunal constitucional agudiza el enfrentamiento abierto contra Noboa, que tras las primeras suspensiones de artículos lanzó una campaña contra los jueces a los que acusó de ser enemigos de la seguridad del país y que ha derivado en una convocatoria a un referéndum para instaurar una Asamblea Constituyente que reemplace a la Constitución vigente desde el mandato de Rafael Correa (2007-2017).

Las dos normas anuladas por el tribunal constitucional llevaban el nombre de Ley Orgánica de Solidaridad Nacional y Ley Orgánica de Integridad Pública, dos textos que el mandatario presentó a la Asamblea Nacional (Parlamento) con carácter "económico urgente", lo que obliga al Legislativo, controlado por el oficialismo, a tramitar la norma en un máximo de treinta días.

La Corte Constitucional determinó que la primera de estas normas "mezcló materias económicas, penales y de seguridad, usando indebidamente el procedimiento de urgencia económica", mientras que la segunda ley vulneró "la unidad de materia, publicidad y deliberación democrática".

"Estas decisiones recuerdan que ninguna ley puede aprobarse con atajos que limiten el debate público o sin una verdadera justificación económica", concluyó el alto tribunal.

Indultos anticipados a policías y militares

La Ley de Solidaridad Nacional buscaba establecer fórmulas de financiación hacia la Policía y las Fuerzas Armadas para reforzar su lucha contra el crimen organizado, dentro del "conflicto armado interno" declarado por Noboa desde inicios de 2024 para enfrentar la escalada de violencia sin precedentes que vive el país, causada por el auge de las bandas criminales.

Sin embargo, dentro del texto había disposiciones polémicas como la prerrogativa que se le daba al mandatario para conceder "indultos anticipados" a policías y militares que sean procesados por delitos cometidos durante sus acciones contra criminales dentro del "conflicto armado interno".

Mientras, en la Ley de Integridad Pública, que buscaba combatir la corrupción dentro de los funcionarios del sector público, se incluyó un endurecimiento de penas a adolescentes de entre doce y 18 años, para pasar de penas máximas de privación de libertad de ocho años a quince años.

Pendiente de decisión por parte de la Corte Constitucional también está la Ley de Inteligencia, sobre la que el tribunal ya había suspendido algunos artículos que permitían a los agentes de inteligencia adquirir identidades falsas, además de requerir a las compañías telefónicas datos sobre los usuarios.

Cinco leyes bajo fórmula exprés

Desde que Noboa fue reelegido en abril pasado para un periodo completo (2025-2029) y lograse tener mayoría en la Asamblea, el gobernante ha tramitado otras tres leyes más bajo la calificación de carácter económico urgente. La última de ellas fue aprobada este mismo jueves, enfocada en reformas en el sistema de pensiones.

Las decisiones preliminares que había tomado la Corte Constitucional frente a estas leyes llevaron a Noboa a encabezar una campaña del Gobierno contra sus jueces, que conforman actualmente el único contrapeso a las iniciativas del gobernante.

Noboa lideró una multitudinaria marcha contra la Corte Constitucional con carteles con los rostros de los nueve jueces del tribunal a los que acusó de estar en contra de la seguridad nacional, lo que llevó a llamamientos como los del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, a respetar la independencia de poderes.

El pulso ha llegado incluso a que Noboa convoque un referéndum para establecer una Asamblea Constituyente sin tener previamente el dictamen favorable del tribunal constitucional, que finalmente revisó el decreto y dio luz verde a que se celebre dicha consulta popular, prevista para el 16 de noviembre.

Ministra de Gobierno: "A nadie le sorprende"

"A este punto, a nadie le sorprende las acciones de la Corte contra el pueblo ecuatoriano. Ya sabemos para quiénes trabajan y a quiénes sirven", manifestó en redes sociales la ministra de Gobierno, Zaida Rovira, tras conocer el dictamen del tribunal sobre las leyes de Solidaridad Nacional e Integridad Pública.

"Le arrebataron a los ciudadanos las herramientas para enfrentar a las mafias, a los narcos y corruptos. Tumbaron leyes hechas para la seguridad de los ecuatorianos dejando al pueblo en la indefensión, garantizando la impunidad. Anunciaron la suspesión de estas leyes bajo el lema 'protegemos derechos', los de los delincuentes y los suyos serán… Hoy más que nunca, ¡vamos a la Constituyente!", apostilló Rovira.

Poco después, la Corte Constitucional de Ecuador anunció que validaba que el referéndum convocado por el presidente de Daniel Noboa para el próximo 16 de noviembre incluya una pregunta sobre la posibilidad de que vuelvan a funcionar casinos en el país, pero rechazó la cuestión para impedir que se use el nombre o imagen en campañas electorales de personas condenadas, una iniciativa que podía afectar e invisibilizar al expresidente Rafael Correa (2007-2017) en época electoral.

El tribunal dio paso a que dentro de la papeleta del plebiscito se consulte a los ecuatorianos están de acuerdo con eliminar la prohibición a los casinos en la actual carta magna y permitir que vuelvan a funcionar únicamente en hoteles de cinco estrellas.

No obstante, los magistrados validaron la pregunta "modulando algunos de sus considerandos con el fin de garantizar la libertad y claridad del elector", según señaló el tribunal.