El Consejo Regional de la Región Centro de la Autoridad Nacional de Arquitectos de Marruecos ha remitido los expedientes de 15 professionales al Consejo de Competencia, con el fin de investigarlos sobre casos de tráfico de “focas; es decir, quienes venden sus firmas y sellos para aprobar diseños arquitectónicos al margen de la ley, todo ello a cambio de una comisión oscila entre 5.000 y 8.000 dírhams (entre 500 y 750 euros) por cada obra.

Según fuentes bien informadas que cita Ariffino, el Consejo de la Competencia ha comenzado a convocar a los ingenieros interesados para un procedimiento disciplinario por parte del organismo al que pertenecen, solicitándoles que proporcionen por separado los documentos necesarios y relacionados con cada proyecto inmobiliario bajo su supervisión. Se trata de compararlos con el contenido de los informes disciplinarios recibidos por el Consejo Regional de la Región Central a la Autoridad Nacional de Arquitectos.

La cooperación entre el Consejo de Arquitectos y el Consejo de Competencia estipula que la primera parte entregará a la segunda cualquier caso sospechoso de explotación de firmas y sellos al margen de la ley, ya que la Autoridad de Competencia cita al ingeniero en cuestión y exige de a él, en el contexto de un informe oficial, los documentos relacionados con cada proyecto inmobiliario cuya finalización supervisa para garantizar que respeta sus responsabilidades legales respecto de los proyectos y no vende su firma para legitimar diseños y poner en peligro la vida de los que van a ocupar los edificios.

Karim Sibai, presidente del Consejo Regional de la Región Central de la Organización Nacional de Arquitectos, anunció una próxima reunión para examinar los expedientes disciplinarios que afectan a 14 arquitectos, la mayoría de los cuales ejercen su actividad en Casablanca y estaban implicados. en vender sus firmas y sellos a otros al margen de la ley.

Explicó que se prevé que las sanciones van desde la suspensión temporal hasta la suspensión definitiva, con el fundamento de prohibir este tipo de prácticas que lesionan los intereses económicos de los profesionales, cuestionan las condiciones de competencia leal y daña gravemente la reputación de la profesión regulada por una ley especial. Han sido contratados los servicios de una empresa privada con el fin de crear una plataforma digital nacional, que permita controlar estas malas prácticas