El Supremo de Francia falló a favor de la trabajadora este año, revocando una decisión previa de apelación que había justificado su despido por falta grave. La máxima instancia judicial determinó que el empleador no puede basar una sanción en su propia negligencia al no haber comprobado las credenciales de la empleada durante años, especialmente tras heredar su contrato en adquisiciones sucesivas de la farmacia.

La empleada había sido contratada originalmente en 1998 como técnica de farmacia en un establecimiento del sur de Francia, donde desempeñó sus funciones sin incidencias durante dos décadas.

A lo largo de ese periodo, la propiedad del negocio cambió en varias ocasiones, manteniéndose siempre su contrato laboral bajo los nuevos propietarios, quienes asumieron sus servicios sin revisar su expediente formativo.

Un despido tras una inspección rutinaria

La situación llegó a un punto crítico en 2017, cuando un inspector de la Agencia Regional de Salud realizó un control aleatorio y solicitó los diplomas de todo el personal. Fue entonces cuando se descubrió que la técnica no poseía la titulación necesaria para su puesto, lo que llevó a los empleadores a exigirle el documento mediante cartas formales en diciembre de 2017 y enero de 2018.

Ante la imposibilidad de presentar el diploma, la trabajadora fue despedida en 2018 bajo la acusación de falta grave, iniciando una prolongada batalla judicial. La afectada siempre mantuvo que no había ocultado su situación, argumentando que sus anteriores empleadores conocían su falta de titulación y que los nuevos propietarios no verificaron sus credenciales al adquirir la farmacia.

El caso pasó por múltiples instancias, con un tribunal laboral que inicialmente falló a favor de la trabajadora en 2021, ordenando una indemnización de más de 34.800 euros, seguido de un revés en 2023 cuando el Tribunal de Apelación consideró justificado el despido. Sin embargo, el Tribunal de Casación zanjó definitivamente el conflicto en 2025, condenando al empleador al pago de 3.000 euros en costas judiciales y destacando la obligación empresarial de verificar las cualificaciones en sectores regulados.

El caso será ahora reenviado al Tribunal de Apelación para una nueva valoración que determine los aspectos indemnizatorios pendientes, cerrando un capítulo judicial de siete años.